El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las cuatro leyes secundarias que dan sustento a la actuación de la Guardia Nacional, cuyos elementos se encuentran desplegados desde hace semanas en el territorio nacional.

Este jueves 23 de mayo en el periodo extraordinario, convocado por la Cámara de Diputados aprobó en los general y en lo particular las leyes de la Guardia Nacional (427 votos a favor y tres en contra), la Ley del Uso de la Fuerza (397 a favor, seis en contra y 26 abstenciones); la Ley Nacional del Registro de Detenciones (425 votos a favor y dos en contra) y la reforma a la Ley Sistema Nacional de Seguridad Pública (421 votos a favor y dos en contra).

Las nuevas leyes reglamentarias y la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública se turnaron a al Ejecutivo federal para que las publique en el Diario Oficial de la Federación y con ello entren en vigor.

Con la reformas aprobadas ha quedado lista, en todos sus ámbitos, la Guardia Nacional; la nueva corporación de seguridad pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cual tendrá un carácter casi en su totalidad militar, al menos durante los próximos cinco años.

Las atribuciones que se le dieron a la nueva corporación de seguridad pública van desde detener a personas por infracciones administrativas, intervenir comunicaciones —con previa solicitud a un juez—, redes públicas de internet, hasta vigilar las aduanas y cruces fronterizos, así como investigar delitos del ámbito común y federal.

El dictamen que expide la Ley de la Guardia Nacional establece la creación de una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La corporación tiene el objetivo de realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.

En tanto, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece que se trata de una herramienta que se empleará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos.

La legislación refiere que el impacto del uso de la fuerza en las personas estará graduado de la siguiente manera: persuasión, restricción de desplazamiento, sujeción, inmovilización, incapacitación, lesión grave y muerte.