La no gubernamental Internacional Open Society Justice Initiative detecta pruebas fehacientes de crímenes de lesa humanidad en México a partir de diciembre de 2006 a la fecha debido a la intensidad y patrones de violencia que se viven en el país.

A través del informe titulado Atrocidades innegables: enfrentando crímenes de lesa humanidad en México , la organización con sede en las Américas, Europa, África y Asia, alega que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas tanto por actores gubernamentales federales, como por miembros del cártel de los Zetas, son considerados como crímenes de lesa humanidad.

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El análisis de Open Society, concluye que la situación en México satisface la de definición legal de crímenes de lesa humanidad establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) suscrito por México desde enero de 2006 , así como en su jurisprudencia de y de otros tribunales internacionales.

Las Naciones Unidas define el término incluyendo los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El informe usa el término para referirse a formas particulares de crímenes violentos que han afectado a varios cientos de miles de civiles y pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

Las personas afectadas no sólo incluyen a los ciudadanos mexicanos, sino también a inmigrantes de Centroamérica, que viajan por rutas peligrosas a través del país y son con cada vez más frecuencia víctimas de la cruel violencia de los cárteles. Específicamente, el informe examina tres tipos de crímenes atroces: asesinatos, desapariciones, y tortura y otros tipos de maltrato.

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Open Society indica que investigar y enjuiciar las atrocidades como crímenes de lesa humanidad, en lugar de hacerlo como crímenes nacionales ordinarios, permite evaluar la responsabilidad ascendente en la cadena de mando.

Todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo. En concordancia con dicha responsabilidad, el gobierno federal de México se ha propuesto una meta legítima: someter al crimen organizado. Sin embargo, lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de las fuerzas armadas y la policía federal, y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil supuestamente asociada con los cárteles delictivos, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes , se lee en el documento que consta de 232 páginas.

De acuerdo a la legislación penal internacional, los actores no estatales -como los carteles de drogas- pueden cometer crímenes de lesa humanidad. Es así que Open Society encuentra a las acciones de los Zetas como tal sin descartar que otras células delictivas comentan este tipo de crímenes.

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El cártel de los Zetas puede calificarse como una organización conforme al Estatuto de Roma debido a su estructura jerárquica, su control sobre un territorio y su capacidad para cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil. Da la impresión de que los Zetas se han propuesto controlar el territorio a través de la violencia con el objeto de obligar a otros actores delictivos a pagarles una parte de sus ganancias , indica el documento.

La Fundación financiada por el filántropo y empresario George Soros, destaca que la falta de justicia, se debe a factores políticos. Comienzan con la retórica de negación y desviación que han caracterizado a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Los funcionarios de mayor jerarquía sistemáticamente niegan o minimizan la escala y la naturaleza de los asesinatos, las torturas y las desapariciones, y hacen aseveraciones generalizadas y sin fundamento considerando a las víctimas de estos delitos como criminales .

ana.langner@eleconomista.mx

erp