En materia de atención a casos de violación de derechos humanos y prevención, la postura del gobierno sigue siendo incierta, advirtieron dirigentes de organizaciones de la sociedad civil que tienen como causa esa materia.

En entrevista, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, señaló que la política en materia de derechos humanos del actual gobierno ha tenido algunos aciertos, como admitir una crisis en derechos humanos, lo cual implica actuar en consecuencia.

También reconoció que la autoridad haya puesto en la agenda política el tema de las personas desaparecidas, además de la creación de una comisión de búsqueda, así como el nombramiento de un fiscal especial para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Sin embargo, planteó que algunas decisiones del gobierno constituyen posibles riesgos de violaciones a derechos humanos que en algunos casos podrían ser difíciles de revertir.

Concretamente, preocupa la forma en que el gobierno atenderá la violencia contra las mujeres, pues, si bien se implementó un programa, no tiene métricas que permitan identificar el avance y éxito de esa política pública. Además, no se sabe quién ejecutará el programa ni quién lo encabezará.

Sostuvo que también les preocupa la forma en que el gobierno pretende atender el problema de vulnerabilidad en el que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos.

En el caso de la Guardia Nacional, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México mostró preocupación por la aprobación de sus leyes secundarias, pues tan sólo en el caso del Registro Nacional de Personas Detenidas no interactúa con otros registros que pudieran ayudar a concluir investigaciones de desaparecidos o atención a víctimas, dijo.

Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto para la Seguridad y la Democracia AC (Insyde), Laura Díaz de León, manifestó que a siete meses de iniciada la gestión de López Obrador sigue siendo incierta la postura que tendrá su gobierno frente a los derechos humanos.

Lo que sí es de preocupar es que en poco tiempo se han dado posturas que colocan en estado de alerta a organizaciones que velan por el respeto a las garantías individuales, afirmó.

Díaz de León también consideró que este gobierno ha implementado una política migratoria que está violando diversos derechos de los migrantes; ha criminalizado a defensores, y eliminó recursos para el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos, e incluso calificó como “una vergüenza” la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que señala que cancelar el apoyo a las guarderías es una medida regresiva.

Además, sostuvo que los elementos de la Guardia Nacional no fueron capacitados correctamente.

“Ha habido una crisis durante años en materia de derechos humanos. Creo que el gobierno actual desperdició una oportunidad de reposicionar el tema de derechos humanos”, expresó la directora del Insyde.

En tanto, el coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortez, afirmó que el discurso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que realmente va a combatir y desterrar la violación a los derechos humanos ha sido generalizado.

Recordó que el 10 de diciembre pasado el presidente planteó que su administración iba a aceptar todas las recomendaciones de la CNDH y han insistido en que no son un gobierno violador de derechos humanos. Sin embargo, rechazó la recomendación que le hizo esa institución respecto de las instancias infantiles.

En opinión del activista, López Obrador ha dicho no a las instancias infantiles argumentando que en ellas hay corrupción, pero sigue sin especificar quienes concretamente han incurrido en ello y falta que los sancione.