La reforma a la Ley General de Víctimas, avalada por el Senado de la República, fue insuficiente frente a la crisis en materia de violencia, comisión de delitos y violaciones a las garantías fundamentales, consideraron organizaciones defensoras de derechos humanos.

Con 77 votos a favor y nueve en contra, los senadores aprobaron el viernes las reformas a este marco legal que establecen diversas facultades de atracción y reparación del daño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El proyecto de dictamen se remitió a la Cámara de Diputados.

El dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dejará de ser un órgano colegiado, el cual estará a cargo de un comisionado ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos.

El titular de la CEAV será nombrado por el presidente de la República, previa consulta pública entre colectivos de víctimas y especialistas que trabajen en la atención a víctimas; deberá ser ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria del Senado.

Se propone que el comisionado tenga a su cargo designar a las personas responsables del Fondo de Recursos, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Los comités de estructura se eliminan y dan paso al Comité Interdisciplinario Evaluador, que tendrá facultades para elaborar los proyectos de dictamen, de acceso a los recursos, así como para la creación de fondos de emergencia.

Se concibe la creación de una Asamblea Consultiva integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos. Funcionará como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la CEAV. Adicionalmente, cuatro representantes de este grupo integrarán la Junta de Gobierno.

Para flexibilizar los mecanismos de acceso a los recursos del fondo se plantea que los recursos de ayuda y a diversos gastos, como alimentación, hospedaje, transportación, entre otros, deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permitan a las víctimas obtener una atención inmediata.

Respecto del fenómeno de desplazamiento interno que se registra en el país, el proyecto propone que la ley atienda y proteja, a partir de un enfoque diferencial, los derechos de las víctimas.

El director ejecutivo de Idheas, Juan Carlos Gutiérrez, expresó que el deterioro institucional de la Comisión de Atención a Víctimas es evidente, debido a la incapacidad de sus miembros para dar respuesta y atención efectiva a las víctimas.

Explicó que la reforma es insuficiente, debido a que no especifica que el próximo titular de la CEAV no podrá haber estado frente a este organismo; tampoco incluyó que su nombramiento se efectuara mediante la elección vía ternas, ni incorporó un término integral de desplazamiento interno forzado.

ana.langner@eleconomista.mx