La acelerada propagación de la Covid–19 en Estados Unidos colocó en una situación de alta vulnerabilidad a la comunidad migrante de origen mexicano en ese país.

Tanto aquellos que no tienen documentos migratorios en regla, como los que están en algún estatus de residencia regular, se enfrentan a las consecuencias de la rápida expansión de la pandemia: riesgos de contagio, temor de acudir a hospitales o centros de salud por el temor de ser deportados, recrudecimiento de actos de discriminación, fuertes presiones económicas porque si no trabajan no tienen ingresos, imposibilidad de acceder a los apoyos económicos gubernamentales para enfrentar la emergencia y el asedio de las autoridades migratorias, además del riesgo de contraer el Covid-19 en los centros de detención migratoria.

En Estados Unidos radican cerca de 57 millones de latinos de los cuales alrededor de 63%, es decir, 36 millones son de origen mexicano.

Las comunidades más grandes de mexicanos están en California (12.8 millones), Texas (9.6 millones), Arizona (2.0 millones) e Illinois (1.8 millones). 71% de la población de origen mexicano que vive en Estados Unidos se concentra en esos cuatro estados, los cuales, juntos concentran 10.54% de los casos detectados de la Covid-19.

En tanto 60% de los casos de Covid–19 detectados en ese país se concentran en cinco estados que son Nueva York (37.84%), Nueva Jersey (10.44%), California (4.54%), Michigan (4.40%) y Louisiana (3.74%). En esos lugares se concentra 37.96% de los mexicanos en Estados Unidos. En Nueva York se ha detectado 37% de los casos de esa enfermedad y por mucho es la entidad que tiene el mayor problema, ahí vive 34.82% de la población mexicana radicada en Estados Unidos.

No quieren ir al hospital por temor a ser deportados

De acuerdo con cifras de la Encuesta de Población Actualizada (CPS, por sus siglas en inglés) del Instituto de Investigación Social e Innovación de la Universidad de Minnesota, al 2018 (cifra más reciente), al menos 6.8 millones de personas no tienen cobertura de salud.

De esta última cifra 4.9 millones son mexicanos que entraron al país sin documentos migratorios o ya se les vencieron, según cifras del centro de investigación Pew.

Sin embargo, en estos momentos ese no es el problema mayor pues para el Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense, “los inmigrantes que estén legalmente en Estados Unidos son elegibles para obtener cobertura a través del Mercado de Seguros Médicos”.

Además, en cada estado hay diferentes disposiciones en materia de salud y en aquellos donde la pandemia se ha propagado con mayor intensidad han anunciado que la cobertura sanitaria se amplía a la población en general.

En Nueva York, por ejemplo, que es la entidad con mayor número de contagios (37% del total), el Departamento de Salud el estado anunció durante los últimos días de marzo que todos los inmigrantes de bajos ingresos, independientemente de su situación migratoria, tendrían acceso a las pruebas y tratamiento de Covid–19, como parte de los servicios cubiertos por el plan Medicaid de emergencia.

El problema radica en que, al hecho de que existe un riesgo elevado de contraer la enfermedad y que cada vez más se están saturando los servicios de salud estadounidenses, se suma el temor a actos de discriminación al momento de solicitar la atención médica, pero sobre todo a ser deportados u objeto de sanciones que pongan en peligro su estancia en Estados Unidos.

Un elemento que contribuye a esa situación es que una resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos que entró en vigor en octubre del 2019, le permite al gobierno negar la renovación de visa a aquellas personas extranjeras que utilicen de más el sistema social, aunque paguen impuestos.

Se trata de la llamada “Regla Final de Carga Pública”, la cual, con base en la Ley de Inmigración que data de 1882, permite al gobierno negar una visa a cualquier persona que pueda convertirse en una “carga pública”.

Una buena cantidad de migrantes usan el programa de asistencia en materia de salud Medicaid y algunos reciben algunos apoyos como cupones de alimentos.

Para agravar el panorama, a mediados del mes pasado el presidente Donald Trump declaró que se incrementarían las restricciones migratorias y junto con la suspensión de cruces no esenciales en sus fronteras las nuevas medidas incluyen restricciones migraciones y la expulsión inmediata del país de quienes lleguen indocumentados, sin contemplar un periodo de detención o el debido proceso para los solicitantes de asilo.

El argumento del mandatario es que “durante una pandemia global, amenazan con crear una tormenta perfecta que propagará la infección a nuestros agentes fronterizos, migratorios y al público en general” y eso “podría afectar nuestro sistema de inmigración, saturar nuestro sistema de salud y dañar gravemente nuestra seguridad nacional”.

No todos pueden quedarse en casa; si paran no tienen ingresos

Las cifras del CPS señalan que 8.1 millones de personas migrantes mexicanas forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) de Estados Unidos. En 2018, la mayor parte (95.7%) era Población Ocupada (PO), de esta última 60% se ocupó en actividades terciarias. Sólo 12.6% se ocupa en actividades profesionales y administrativas que tendrían mayor posibilidad de hacer home office.

Si bien cada inmigrante tiene sus vulnerabilidades particulares, quienes tienen una situación más difícil son las personas que carecen de documentos migratorios en regla y que no tienen un trabajo que puedan hacer en casa: Los que viven al día.

Ellos se enfrentan al dilema de quedarse en casa y así evitar contagiarse de este coronavirus, lo cual implica no tener ingresos y entonces no poder comer ni pagar la renta o bien, salir, contagiarse y enfrentarse después al problema de cómo curarse.

Difícil acceder a apoyos económicos gubernamentales para paliar emergencia

Por otra parte, si bien el gobierno estadounidense ha anunciado que ejercerá un presupuesto especial para apoyar económicamente a su población, buena parte de la comunidad migrante no podrá acceder a esos recursos, incluso a pesar de que en algunos consejos municipales estatales han dicho que incluso hasta los inmigrantes sin papeles migratorios sí están incluidos en las medidas de alivio financiero.

Por ejemplo, en Nueva York el Consejo Municipal anunció que cada adulto recibirá 550 dólares y cada menor de edad 275, al margen de su estatus migratorio.

Continuo asedio de La Migra y crece riesgo de contagio en los centros de detención

Otra parte de esta difícil situación representan las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Si bien la Oficina de Detención y Deportación del ICE informó el 18 de marzo pasado que, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la Covid–19, focalizará sus actividades policiales contra riesgos para la seguridad ciudadana e individuos sujetos a detención obligatoria por motivos penales, en los hechos sigue la detención de indocumentados.

El problema es que los centros de detención, donde hay alrededor de 38,000 personas acusadas de faltas civiles —como carecer de estatus migratorio legal—, se han convertido en focos de infección del Covid-19. Tan sólo en la zona de Nueva York, hay alrededor de 1,200 personas detenidas en esos lugares.

Incluso se han dado casos como el ocurrido en Colorado, donde el 29 de marzo pasado, alrededor de 100 personas sin documentos migratorios fueron puestos en libertad “por razones humanitarias”, luego de confirmase el contagio con la Covid–19 de uno de sus agentes.

[email protected]