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Contra Javier Duarte, 19 pruebas del gobierno
Al exgobernante de Veracruz le imputan delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y tráfico de influencias; prevén su regreso este mes.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, decidió allanarse al proceso formal de extradición que solicita el gobierno de México para que rinda cuentas por los delitos que se le imputan, como delincuencia organizada, lavado de dinero, incumplimiento del deber y tráfico de influencias.
Durante la tercera audiencia a la que asistió Duarte de Ochoa en Guatemala, país donde fue capturado en abril pasado, rechazó 19 pruebas presentadas de los cargos que la autoridad mexicana tiene en contra del exfuncionario.
Sin embargo, ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, el exmandatario aceptó regresar a México para enfrentar a la justicia.
He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición solicitada por el gobierno de México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país .
De acuerdo con los señalamientos de la autoridad mexicana, exsocios de Duarte presuntamente realizaron una estratagema financiera para la adquisición ilegal de 21 parcelas del Ejido Lerma, en el estado de Campeche.
Al tomar la palabra, el exfuncionario federal puntualizó que, de acuerdo con la propia solicitud formal de extradición, no aparece su nombre en el registro agrario ni el de alguno de sus familiares que los vinculen como personas que hubieran pretendido dichas tierras.
Su abogado guatemalteco, Carlos Velázquez, expresó que las acusaciones asentadas en el documento de extradición no logran probar que esa organización supuesta de carácter delincuencial está liderada o que Javier Duarte tuvo alguna participación .
Pruebas en su contra
El fiscal José Galdámez, del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, informó al exfuncionario de las 19 pruebas presentadas por la autoridad de México con las que buscan regresarlo para someterlo a un juicio.
Entre ellas, destaca una denuncia formulada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Asimismo, se le explicó a Javier Duarte que podría recibir condena de hasta 40 años de prisión por delincuencia organizada y 15 por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A su vez, la autoridad de Guatemala dio cuenta de diversas entrevistas a excolaboradores de Duarte que lo vinculan a actividades de uso de recursos públicos con fines privados.
Además, involucran a su esposa Karime Macías Tubilla en la obtención de patrimonios de Veracruz para beneficio personal.
Las autoridades entrevistaron a Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro, exsocios de Javier Duarte, así como a Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, quien ofreció a la Procuraduría General de la República detalles de los delitos presuntamente cometidos por el exgobernador.
Sobre los bienes asegurados
Las pruebas incluyen las escrituras públicas de inmuebles asegurados, como el rancho de La Macedonia en Tres Valles; un lote en Las Mesas, Valle de Bravo, Estado de México, así como el predio rústico La Macaya, en Cosamaloapan, y tres departamentos en Boca del Río, Veracruz.
Estas propiedades fueron adquiridas, supuestamente, por Moisés Mansur, colaborador de Duarte; su cuñada Mónica Macías Tubilla y su cuñado Armando Rodríguez Ayache.
Adicional a la documentación sobre inmuebles, el fiscal hizo mención de escrituras que acreditan la constitución de empresas como Consorcio Brades SA de CV, Terra Urbanizaciones, Desarrollos Inmobiliarios y Roor, mediante las cuales los socios del exmandatario estatal habrían comprado propiedades.
También fue presentada documentación de compra-venta de un yate, de la empresa Ferretti a Alpargata, cuyo dueño es Alfonso Ortega López.
La semana pasada, el exgobernador ya había aceptado el proceso de extradición por los cargos del fuero común que le fincan en el estado de Veracruz. Al allanarse al proceso federal, el gobierno de Guatemala tiene 10 días para retornarlo a México.
En la víspera, la PGR informó sobre una investigación por el desvío de al menos 35,421 millones de pesos de recursos provenientes de partidas estatales y federales en Veracruz entre diciembre del 2010 y octubre del 2016.
En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 52 denuncias penales ante la PGR por el presunto desvío de 45,000 millones de pesos durante los primeros años de la administración del exgobernador.
Javier Duarte concluyó sus declaraciones a la prensa con la frase: Paciencia, prudencia, verbal contingencia (...) Presencia y ausencia, según conveniencia (...), verbal contingencia, gracias .
