La herramienta de intervención telefónica para investigar delitos de carácter federal o de alto impacto sirvió a la Procuraduría General de la República (PGR) en los últimos 12 años para espiar con permiso a 46 objetivos en todo el país, de los cuales sólo tres resultaron con elementos para consignar, pero sólo obtuvo una sentencia condenatoria.

De ese número, la mayoría de las intervenciones telefónicas se centró en ciudad de México, con 29 permisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), no hubo detenidos, consignados o sentenciados; siguen Estado de México, con cinco intervenciones sin consignados o condenados, y Jalisco, con nueve diablitos, dos consignados, solo una condena.

Estos permisos no representan las denuncias presentadas por las presuntas víctimas de este delito.

Luego siguen Quintana Roo, con dos intervenciones y un consignado, pero sin sentencias, y Tamaulipas con una línea intervenida, una persona consignada y condenada. Sobre las demás entidades, aunque se desplegó una serie de equipo de espionaje, las cifras oficiales quedaron en blanco.

El informe de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, con datos de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR -ésta última, la responsable de solicitar al Poder Judicial de la Federación las intervenciones telefónicas-, arrojó dichos resultados en el 2012.

Ante la emergencia que ha privado en México en los dos sexenios anteriores por las acciones del crimen organizado y cárteles de la droga, los legisladores entregaron una herramienta nueva ubicada en la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, que se denominó: Cateos, Arraigos e Intervenciones Telefónicas.

Para ello, el PJF tuvo que crear los Juzgados Especializados en Cateos, Arraigo e Intervenciones Telefónicas, donde se buscó omitir el engorroso papeleo burocrático para dar celeridad a las investigaciones, peticiones que incluso se hicieron vía Internet, para mayor rapidez, lo que significó erogar más recursos.

Existiendo estados con una alta criminalidad o de grupos criminales en sus zonas, sólo las mencionadas son las que reportó la PGR, donde intervino y realizó acciones anticrimen, con los resultados mencionados oficialmente.

Así es que en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, entre otros, no hubo objetivos por intervenir.

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