La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) careció de un procedimiento formal para la adquisición del nuevo avión presidencial Boeing 787-8 bajo la figura del arrendamiento, por lo que no cumplió con criterios de imparcialidad, eficiencia y economía, que aseguran las mejores condiciones para el Estado .

En su revisión de la Cuenta Pública 2012, la ASF reportó que si bien la Sedena comparó la compra del Boeing 787-8 con los modelos A330-200, B-767-200 y B-787-9, el estudio no contó con los elementos suficientes que acreditaran la selección de la aeronave, ya que por lo señalado en realidad únicamente se contó con una opción, que fue la que finalmente se adquirió .

Por este motivo, la ASF demandó al Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedena que realice las investigaciones pertinentes y en su caso inicie sanciones contra los servidores públicos que elaboraron el estudio Adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor , por no contar con los elementos técnicos y económicos suficientes que acreditaran la compra de la nueva aeronave para la presidencia de la república.

En el caso del avión presidencial, la ASF revisó un monto de 3,548 millones 900,000 pesos del ejercicio fiscal 2012.

La ASF identificó tres contratos de arrendamiento financiero celebrados por la Defensa Nacional para la adquisición de cinco aeronaves para transporte militar, seis helicópteros y una aeronave Boeing 787-8 para uso presidencial y del Estado Mayor.

Explicó que en los tres casos se detectó que los procedimientos formales para seleccionar a las instituciones financieras que llevarían a cabo el arrendamiento financiero se iniciaron el 19 de octubre del 2012, pero desde el mes de abril la Sedena ya había determinado a Banobras.

En su revisión a la Cuenta Pública 2012, la ASF precisó que la Sedena seis meses antes de realizar el proceso de selección (de la institución financiera que llevaría a cabo el arrendamiento del nuevo avión presidencial) ya se habían realizado gestiones con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para que efectuara corridas financieras de los arrendamientos .

Destacó que si bien se exentó a la Sedena de realizar una subasta para celebrar los contratos de arrendamiento, por tratarse de bienes con carácter de seguridad nacional se desconoce qué otros elementos se consideraron para haberla elegido como la mejor opción de financiamiento , ya que la Sedena no proporcionó a la ASF los estudios sobre el impacto presupuestal.

La Auditoría reveló además que en dichos contratos se incluyeron gastos de refacciones para posteriores mantenimientos (...) por lo que los citados gastos no debieron formar parte del monto del financiamiento, ya que se debió pagar con los recursos presupuestarios de la Sedena.

Por lo anterior, se concluye que este procedimiento no cumplió con criterios de imparcialidad, eficiencia y economía, que aseguran las mejores condiciones para el Estado .

La Auditoría precisó que la Secretaría de Hacienda carece de un mecanismo para que la Sedena le cubra las amortizaciones de capital e IVA de los tres contratos de arrendamiento, por lo que hasta el 31 de diciembre del 2012 la Sedena no realizó pagos a efecto de amortizar la deuda por el financiamiento, por lo que, cuando se vuelva exigible el pago, se generará un impacto negativo en el presupuesto de la Sedena que la obligará a presupuestar nuevamente recursos para el mismo fin .