Caso Ayotzinapa: omisión, colusión, desaseo...

Lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, que derivó en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, es un caso abominable que es emblemático de la descomposición institucional y social en México, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar la Recomendación por Violaciones Graves 15VG/2018, el ombudsperson, Luis Raúl González Pérez, lamentó que “la muy grave y lamentable colusión entre autoridades y organizaciones criminales” derivó en la muerte de seis personas, lesiones en otras 42 y la desaparición forzada de los normalistas.

“Las omisiones y la actuación indolente de varias instancias de procuración de justicia, ocasionó la contaminación y pérdida de evidencia y pruebas, el que no se hayan agotado múltiples líneas de investigación y de diversas consignaciones de presuntos responsables (que) hayan sido indebidamente formuladas, lo cual ha ocasionado que varios de ellos no puedan ser juzgados y subsista la impunidad”, expresó.

En el documento dirigido a 16 autoridades, incluyendo al presidente Enrique Peña Nieto, la CNDH puntualiza que en las acciones penales no se formuló el delito de desaparición forzada.

“La verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre del 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado”, refirió.

González Pérez manifestó que además se acreditó la confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos.

Así como “la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles y órdenes de gobierno”, y la utilización de la violencia como forma de imposición y actuación de poderes fácticos, al margen de instituciones y leyes.

En la presentación se dio cuenta que la noche del 26 de septiembre, la PGR tuvo conocimiento a través de una denuncia telefónica en el C4 de Iguala, de los hechos violentos que estaban ocurriendo en esta ciudad, principalmente por delitos vinculados por violación a la ley de armas, y aunque la sede de la dependencia está a siete minutos, su personal no actuó con diligencia.

Señaló que entre las consecuencias del desaseo y poco profesionalismo de la PGR en las investigaciones está que se subestimó el hallazgo de 38 porciones petrosas óseas, así como las contenidas en una bolsa en el río San Juan, correspondientes a tres porciones petrosas, 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que son susceptibles de pruebas de ADN que permitirían avanzar en la determinación del destino de los 43 normalistas.

“El hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos a efecto de determinar si corresponden a algún de los estudiantes desaparecidos”, explicó González Pérez.

La CNDH integró 72 expedientes de queja de inculpados por el Caso Iguala, quienes en su mayoría acusaron tortura y maltrato, en 65 se acreditaron casos de violaciones a derechos fundamentales, en ocho hubo torturas, en 28 tratos crueles, en 55 detenciones arbitrarias, en 49 dilación y en 14 cateo ilegal.

El documento del organismo contiene 128 puntos recomendatorios y está dirigida, además de Peña Nieto, a otras 15 autoridades entre las que destacan las secretarías de Defensa Nacional y Marina Armada de México, la Comisión Nacional de Seguridad, así como autoridades estatales y municipales.

Segob analiza su aceptación

El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que analiza la recomendación de la CNDH sobre el caso Iguala y que será en las siguientes horas cuando la administración federal fije una posición sobre la misma.

“Estoy estudiando personalmente el informe, las recomendaciones que han emanado de la CNDH y que deben de profundizarse lo que señalan las recomendaciones en todas sus áreas”, manifestó.

En entrevista posterior a la inauguración de la sala de cine Jorge Carpizo en la sede de la dependencia, consideró que en lo fundamental se debe analizar el documento desde la hipótesis jurídica más sólida y que se aporte en el expediente de lo que ocurrió ese septiembre del 2014.