La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) solicitó al Estado mexicano “enderezar” la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, hace casi tres años en Iguala.

Esta oficina de las Naciones Unidas hizo también un llamado a materializar reformas estructurales que el país debe adoptar para revertir los rezagos que enfrenta en los ámbitos de acceso a la justicia y combate a la impunidad; especialmente en relación con la autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales.

Asimismo, sugirió observar puntualmente los contenidos del Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, sobre la desaparición de los jóvenes normalistas.

“El Informe de la CIDH reconoce ciertos avances, pero resume de manera contundente las preocupaciones sobre el rumbo de la investigación”, señaló Jan Jarab, representante del Alto Comisionado en México a través de una comunicación oficial enviada a medios.

“Es especialmente llamativo que la investigación siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”, cuestionó Jan Jarab.

El funcionario internacional destacó que la sentencia del Tribunal Colegiado reafirma las preocupaciones expresadas reiteradamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, así como por organismos internacionales como la ONU-DH, y el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Comisión de la verdad

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que en el sistema jurídico mexicano no existe la figura de una Comisión de la Verdad, por lo que la PGR analiza la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó crear dicha instancia para el caso de los 43 normalistas.

“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes, y en este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un único interés: encontrar la verdad y dar justicia”, afirmó.

Por separado, Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, opinó que el fallo del Tribunal sobre crear una Comisión de la Verdad es “de locos” y anunció que presentarán amparos contra esa resolución.

Samuel González Ruiz, asesor jurídico de esa organización, calificó el ordenamiento del Tribunal del Poder Judicial de la Federación de aberrante, al concluir que la investigación sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente y ordenó crear una Comisión de la Verdad, lo que implicará que el Estado pierda facultades para investigar.

El abogado sostuvo que la sentencia rompe con los esquemas constitucionales y tratados internacionales, por lo que es atacable por la vía del amparo.