Monterrey, NL. Tras cinco meses de discusión, el pleno del Congreso de Nuevo León aprobó las reformas constitucionales del Sistema Estatal Anticorrupción.

El diputado Hernán Salinas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que son reformas que no son objeto de ser vetadas por el Ejecutivo estatal y representan un modelo a nivel nacional debido a que en las mesas de trabajo participaron organismos y asociaciones civiles.

Se espera que en un plazo de 90 días queden listas las leyes secundarias y que el nuevo sistema entre en vigor en un plazo de 120 días.

Con estas normas se establece la creación de una Fiscalía General en lugar de un procurador de justicia; será un organismo autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera; sin embargo, el titular será aprobado por el Congreso por mayoría calificada, previa convocatoria pública.

Se crea la figura de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que podrá investigar y sancionar actos de corrupción de servidores públicos y particulares. También se crea una Fiscalía de Delitos Electorales.

Se facultará a la Auditoría Superior del estado para que sin el aval de los diputados pueda sancionar de manera penal y administrativa a quienes cometan algún desfalco al Estado.

Además, serán elegidos el magistrado de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y el fiscal especial en Delitos Electorales y se aplicará de manera obligatoria la Ley 3de3.

Los diputados enfatizaron que una parte sustantiva de la reforma es la eliminación del fuero para todos los servidores públicos, incluido el gobernador del Estado y los diputados locales.

Otro de los cambios es que no prescribe la acción de extinción de dominio para recuperar bienes producto de un hecho ilícito que cometa algún servidor público.

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