El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que dará amnistía a presos políticos y anunció que analizará todos los casos, incluido el del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, preso desde el 2001 por delitos de delincuencia organizada.

De gira por Quintana Roo, como parte de su gira de agradecimiento, López Obrador confirmó que el exgobernador Villanueva le envió una carta para pedirle que ayude a su liberación. En la misiva, Niza Puerto Paredes, su defensora, expone que Mario Villanueva lleva 17 años luchando para su liberación.

“Señor presidente electo, en pro de la justicia y la legalidad, del Estado de Derecho que hemos perdido, y que usted y su equipo promueven e impulsarán a partir del 1 de diciembre, le solicito que el exgobernador sea escuchado, que disponga usted que una persona de su confianza escuche a sus abogados defensores para que conozca cómo han violado permanentemente la ley para mantener en la cárcel a Mario Villanueva”, refiere.

Al respecto, López Obrador dijo: “Me dio una carta y va a haber justicia, eso se va a revisar de acuerdo con los procedimientos legales que existen. Esto debe estar en el Poder Judicial, pero ya no va a haber represalia en contra de nadie y no se va a reprimir a nadie, no se va a encarcelar a nadie por consigna”, aseveró.

López Obrador dijo que pidió a la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, que revise si legalmente es posible dar amnistía a presos políticos por medio de decreto o reformas legales.

Control de confianza

El PRI en Diputados listó en la gaceta parlamentaria una iniciativa para reformar los artículos 74 y 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la cual se estipula que aquellos servidores públicos que no aprueben los controles de confianza no podrán laborar más dentro de las instituciones de seguridad pública federales.

“Los servidores públicos de las instituciones policiales que no acrediten el control de confianza, no podrán continuar prestando sus servicios aun cuando sean cambiados de adscripción a una área administrativa. De igual manera, estarán impedidos para laborar en otra institución de seguridad pública o protección civil”, se lee en la propuesta.

Aunado a ello se pretende multar con dos y hasta ocho años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa a quien ayude a ingresar a alguna institución de seguridad pública a personas que hayan reprobado algún control de confianza.