La alcaldesa de Tecate, Baja California, Zulema Adams Pereyra, interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el gobernador de aquel estado, Jaime Bonilla, a quien señala de amenazas e intimidaciones para que su cabildo apruebe reformas constitucionales propuestas por él.

El sábado pasado, luego de que la alcaldesa reveló las amenazas, el gobernador Jaime Bonilla dijo que la funcionaria municipal no hacía su trabajo.

"En Tecate había mucha inconformidad por cómo se ha tratado (el tema de la pandemia de Covid-19), se la pasa en el salón de belleza no atiende a la ciudadanía", aseveró.

La alcaldesa Zulema Adams, militante del partido Morena igual que el mandatario estatal, acusó ser víctima de una campaña de hostigamiento por parte de Jaime Bonilla, en represalia por no aprobar en el cabildo una reforma a la Constitución local, la cual contempla la postulación a reelección de diputados y regidores sin separarse del cargo.

Denunció que el secretario de Gobierno del estado, Amador Rodríguez, la presionó para que el cabildo avalara el dictamen. "Se molesta el señor y me dice: 'atente a las consecuencias, le voy a decir al Gobernador"', agregó la alcaldesa.

La funcionaria municipal mencionó que se reunió con el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante quienes denunció el hecho. Apuntó que la secretaria de Gobernación "está muy molesta". Cabe destacar que la munícipe también envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para señalarle de estos hechos.

Piden sanción a hijo de director de la CFE

Luego de que la Secretaría de la Función Pública sancionó con dos millones de pesos e inhabilitó a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por irregularidades en contratos con el IMSS en Hidalgo para la venta de respiradores mecánicos, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a la FGR para presentar un escrito donde solicita una sanción penal contra el propietario de dicha empresa.

"De los funcionarios públicos, se tendría que investigar aparte del tráfico de influencias, el encubrimiento, el ejercicio ilícito del servicio público y el uso ilícito de atribuciones. Ya parte de la resolución de la contraloría nos deja ver que sí hubo un uso ilícito de atribuciones, no se justificaba el no hacer una licitación pública, eso dice la resolución, por lo tanto, se configuran delitos y esos delitos la Fiscalía General de la República los tiene que sancionar en función de esta primera auditoria", consideró.

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