En el sector salud federal y de las entidades federativas del país hacen falta recursos materiales y humanos, así como monetarios para el pago de plazas de personal médico, contrataciones y mantenimiento de infraestructura, entre otros rubros, a fin de poder atender a la población derechohabiente.

Esa fue la coincidencia durante las comparecencias ante la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, que preside Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), de representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, informó que al arranque del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo un estudio sobre las presiones de gasto para la operación mínima del sector que arrojó requerimientos de aproximadamente 10,000 millones de pesos.

Se trata de una “cantidad bastante fuerte”, dijo, por lo que llamó a senadores y diputados federales a tomar el tema en cuenta para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se solicite y apruebe un mayor gasto en la materia.

“En la Secretaría de Salud estamos haciendo ahorros máximos para buscar de alguna manera apoyarlos (a los hospitales de especialidades) en materia de recursos humanos, materiales e infraestructura de tal manera que los podamos dejar en óptimas condiciones lo más pronto posible”.

Informó que los médicos residentes requieren también ser apoyados a través de una figura jurídica que están proponiendo.

Pedro Zenteno Santaella, director de Administración de Finanzas del ISSSTE, habló de la necesidad de generar ahorros e informó que el pasivo laboral asciende a 4,635 millones 864,563 pesos, además de que actualmente existen 17,488 juicios laborales en curso que ponen al instituto en una situación muy grave desde el punto de vista presupuestal.

Propuso por ello iniciar en la institución y algunas dependencias gubernamentales una política de separación del encargo porque la gran mayoría de denuncias tiene que ver con personal de confianza.

“Necesitamos tener una política que permita, al terminar su responsabilidad, que se puedan separar con algún beneficio y eso evite que lleguemos a los tribunales con esta cantidad de juicios laborales”.

A su vez, el director de Administración del IMSS, Flavio Cienfuegos Valencia, explicó que en el 2018 43% de las personas afiliadas gastó 24,300 millones de pesos en servicios privados, por atraso y deficiencia en la atención y tratamiento a los derechohabientes y sus familias.

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