México se ha hecho un habitual en la alfombra roja de los rankings que mesuran la corrupción en los países. Esta vez toca turno a Transparencia Internacional (TI), que en su informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”, otorga la primera posición a México en el rubro del mayor porcentaje de la población que ha tenido que pagar un soborno para acceder a un servicio público en los 12 meses previos a la consulta, que se realizó a 22,000 ciudadanos de 20 países de la región.

Sobre el índice de pago de sobornos, en Trinidad y Tobago sólo 6% de los consultados declararon haber hecho el pago de una dádiva ilegal a un funcionario. México ocupa el primer lugar con 51% de los encuestados que afirmaron el pago de soborno a un funcionario público.

Para Transparencia Internacional, reducir la corrupción es una condición clave para una sociedad justa y equitativa, y combatirla eficazmente fortalece las iniciativas de desarrollo, la promoción de derechos humanos y libertades y la erradicación de la pobreza global. La participación de los ciudadanos en el combate a la corrupción da empuje a la gobernanza, entendida ésta como la gestión de los asuntos públicos fundada sobre la participación de la sociedad civil a todos sus niveles (nacional, local, regional e internacional), en la que los gobiernos nacionales han pasado de ser la referencia central de la organización política a ser uno de sus componentes.

México cuenta con 4 jueces por cada 100,000 habitantes. En América Latina ocupa la posición más baja: en la región se promedian 8 jueces por cada 100,000 habitantes. El promedio de inversión del PIB en justicia y seguridad de los países de la OCDE es de 4 puntos porcentuales. México invierte sólo 1 punto del Producto Interno Bruto. En el Índice Global de Impunidad del 2017, el país se situó en el lugar 66 de 69, posición que lo coloca entre los países en que la impunidad prevalece. La corrupción costó al país 10 puntos del PIB.

El informe de TI arroja datos sobre la percepción de los ciudadanos de la región sobre la corrupción. México está entre los cuatro países —los otros son Colombia, Perú y Venezuela— en los que la corrupción es un problema grave para sus habitantes. Los números que presenta el informe sobre la situación del país son preocupantes:

1. La corrupción está en aumento, perciben más de la mitad de los mexicanos

En México, 6 de cada 10 personas consideran que la corrupción aumentó, lo que lo sitúa a la mitad de la métrica. A la cabeza en este apartado, en Venezuela casi 9 de cada 10 ciudadanos opinaron que este flagelo social aumentó. Por otro lado, 4 de cada 10 argentinos, la proporción más baja, se decantaron por responder a la encuesta afirmativamente al aumento de corrupción.

2. Policías y políticos, los más corruptos, declaran 6 de cada 10 en el país

6 de cada 10 mexicanos creen que los policías son en su mayoría o en su totalidad corruptos, proporción que comparten los ciudadanos trinitarios, bolivianos y paraguayos. En Venezuela la proporción en este aspecto supera por poco los 7 de cada 10 habitantes.

3. Seis de cada 10 mexicanos sostienen que el gobierno no hace lo necesario para detener la corrupción

En América Latina, 53% de la población sostiene que los gobiernos no hacen lo necesario para combatir el flagelo de la corrupción. El porcentaje se eleva a 61% en México, 6 de cada 10, en lo que respecta a la percepción sobre si los administradores del país toman las acciones necesarias para acabar con las prácticas corruptas. Venezuela en el extremo superior de la métrica, y Guatemala en el extremo inferior, puntúan con 76% y 28%, respectivamente.

4. La mitad de los mexicanos han pagado un soborno

En la encuesta aplicada por Transparencia Internacional en 20 países de la región, se considera los servicios públicos más susceptibles al pago de sobornos de los ciudadanos a funcionarios públicos para garantizarse el acceso a los mismos. Estos servicios son: hospitales públicos, escuelas públicas, trámites de documentos de identidad, policía, servicios públicos como el agua potable y los tribunales del sistema judicial. Si bien la proporción en América Latina de quienes hicieron el pago de un soborno en los 12 meses previos a ser encuestados es de 1 de cada 3, en México la proporción es de 1 de cada 2, la más alta de la región.

5. En México, 4 de cada 10 debió pagar soborno para acceder a la atención de la salud y las escuelas

En el informe de TI, Venezuela y México destacan por los elevados índices de pago de sobornos para tener acceso a servicios. En México entre 3 y 4 de cada 10 personas han pagado un soborno para tener acceso a la educación, a la salud, a los trámites de documentos de identidad y a los servicios públicos. Para hacer válido el derecho al acceso a la salud en AL, 1 de cada 5 personas debió pagar un soborno para obtener el tratamiento necesario para su afección. Para el acceso a la educación, la proporción es casi la misma, pues 18% de las personas debieron hacer una dádiva ilegal a un funcionario para asegurarse el servicio educativo.

6. 1 de cada 10 denuncia; 3 de cada 10 de los denunciantes sufre represalias

El problema de cuando se deja a la zorra al cuidado del gallinero. La corrupción muestra una organización de redes y complicidades, sin la cual su existencia no sería posible. Los niveles de denuncia en México y en la región son bajísimos, cuestión que se explica con la alta percepción de que policías y tribunales son sumamente corruptos. Además, sobre quien denuncia pesa la altísima posibilidad de ser objeto de represalias. 1 de cada 10 personas en AL denuncian un acto de corrupción; el 28% de los denunciantes sufrió represalias o consecuencias negativas. Como señala el informe, para las víctimas de sobornos, los beneficios de hacer que funcionarios corruptos rindan cuentas por sus actos delictivos no superan los riesgos que esto implica.

7. Siete de cada diez están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción

El 74% de los mexicanos consideran que los esfuerzos ciudadanos tienen alta relevancia e incidencia en el combate a la corrupción. A nivel regional, la proporción es prácticamente la misma. Si se entiende que la corrupción es un problema sistémico, el combate contra ella no puede darse sólo desde dentro de los gobiernos. De la sociedad civil organizada deben venir los contrapesos que dirijan, vigilen y garanticen la depuración de los sistemas políticos, de seguridad y jurídicos de sus países de estas prácticas que tienen como efecto agudizar todos los otros problemas sociales.