UIF inmoviliza recursos a 10 señalados desde EU

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló de manera preventiva las cuentas bancarias de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia mañanera, explicó que el congelamiento se activó por mecanismos del sistema financiero entre bancos de México y EU, al existir órdenes de aprehensión o requerimientos de autoridades estadounidenses.

Dijo que no se trata de una investigación formal iniciada por la UIF en México, ni de una acusación directa de lavado en territorio mexicano.

Subrayó que no implica culpabilidad y que el bloqueo es preventivo y no acredita responsabilidad alguna.

Pidió a la UIF que emitiera un comunicado.

Poco después, la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Omar Reyes Colmenares, congeló las cuentas de funcionarios del gobierno de Sinaloa, señaladas por el Departamento de Justicia de EU de estar involucrados con el narcotráfico.

Tuvieron que pasar tres días para que se confirmara oficialmente lo que se venía publicando profusamente en medios de comunicación y redes sociales.

La UIF precisó que la inmovilización preventiva (de recursos) no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna.

Y reiteró que se hizo como una medida administrativa para proteger la integridad del sistema financiero nacional.

Hacienda no menciona específicamente y por su nombre propio a los 10 funcionarios, incluído el gobernador Rubén Rocha Moya.

Y solo porque en el título del comunicado se refiere a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa, y porque refiere los señalamientos de que han sido objeto por autoridades de Estados Unidos, se puede inferir que se trata del mismo caso.

A través de un comunicado sumamente cuidadoso, Hacienda informa sobre medidas preventivas de inmovilización a Personas Políticamente Expuestas (PPE) de Sinaloa.

Y subraya que la adición a la Lista de Personas Bloqueadas, es con carácter estrictamente preventivo derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

Los reportes, dice, se derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos, emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.

Hay que recordar que la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, de la Secretaría de Hacienda, publica una lista enunciativa de cargos públicos considerados PEP nacionales, federales, estatales, municipales, poderes, partidos políticos.

Los bancos deben incluir en su Manual de Políticas y Procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero (aprobado y supervisado por CNBV) criterios, medidas y procedimientos específicos para PEP.

Los pasos típicos son: Identificación de los clientes (conozca a su cliente); clasificación de riesgo; debida diligencia reforzada; monitoreo y reporte.

Los bancos que operan en México, tienen que seguir cotidianamente las políticas y protocolos para detectar lavado de dinero y reportar operaciones inusuales.

Los bancos no pueden hacer pública ésta información. Sólo deben comunicar a las autoridades financieras y son éstas las que dictan las medidas pertinentes.

Lo que está claro es que los bancos reportan cotidianamente a las autoridades, cualquier operación infrecuente o potencialmente irregular. Y son las autoridades las que deciden cuándo y cómo actuar.

Hacienda ha sido y debe seguir siendo muy cuidadosa de la confianza y credibilidad del sistema financiero.

Ahorro nacional, inversión estratégica

El recientemente reelecto presidente de la Asociación de Instituciones Bursátiles (AMIB), Álvaro García Pimentel, dio la nota: los fondos de inversión en México rompieron récord al alcanzar los 5 billones de pesos en recursos bajo custodia y rentabilidad de 500,000 millones de pesos para los inversionistas, cantidad que representa 50% de lo que distribuye el gobierno a través de sus programas sociales.

La industria de Fondos de Inversión viene marcando una dinámica sorprendente en México, superior a la que registran países de similar desarrollo.

Se explica por la coordinación entre el sector privado y el gobierno en este sector.

En el Foro de Fondos de la AMIB, la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla dijo que el gobierno mexicano está enfocado en crear un ecosistema en el que el ahorro nacional se transforme en inversión estratégica y recalcó que los Fondos de Inversión pueden acercar los recursos financieros al bienestar colectivo.

Mencionó al Plan México y al Programa de Inversiones en Infraestructura como dos piezas centrales que permitirán utilizar vehículos de inversión, para atraer los capitales del sector privado, incluídos los de los Fondos de Inversión.

García Pimentel y otros representantes del sector hablaron precisamente de la necesidad de contar con mayor oferta de vehículos de inversión.

Parece que las piezas corresponden al mismo rompecabezas que busca detonar más crecimiento y desarrollo. Ojalá.