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Opinión

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Plan México: incongruente e insuficiente

El énfasis en las mipymes es bienvenido, pero debe centrarse en su formalización y crecimiento a fin de superar su escasa productividad. Pero eso es casi imposible, dada su intensidad en servicios laborales, cuyo costo ha crecido formidablemente...

Aunque no lo enuncia así, el objetivo Plan México para la economía 2025-2030 es la recuperación del crecimiento económico. Bienvenido y es un cambio respecto a la presunción oficial de años de que la economía iba muy bien. 

Tiene metas ambiciosas de crecimiento e inversión, aprovechamiento del nearshoring, de proveeduría nacional –de bienes y servicios– e impulso a las empresas micro y pequeñas, mipymes, que suman el 99% del total (censo económico 2018).

Es una política industrial dirigida por el gobierno, con espacio a la participación privada en las acciones, con mesas de trabajo y con incentivos fiscales.

Pero el plan tiene incongruencias. Primero, no se centra en las causas de fondo del magro crecimiento económico, principalmente estructurales, aunque sí busca fortalecer capacidades públicas en áreas deficientes como energía, agua, transporte, formación de capital humano y tramitología.

Es ampliamente sabido que la baja productividad total, en declive por décadas, y laboral, que cayó en años recientes es la principal causa del reducido crecimiento. Las razones son varias, entre otras, informalidad, reducido tamaño de la mayoría de las empresas, concentración y falta de competencia e inclusión, inseguridad pública, jurídica y de energía, deficiente infraestructura y facilidad logística, sistemas de salud y educación inadecuados y, sobre todo, la debilidad del Estado de derecho (México en lugar 118 de 142 países según el World Justice Project ).

Si estas deficiencias fueran el punto central de la acción pública, la inversión florecería orgánicamente con la guía de las ventajas y la rentabilidad de cada región, sin necesidad de la dirección y control oficial. Una regulación apropiada permitiría evitar externalidades negativas, aprovechar las positivas y generar un ambiente justo para trabajadores, empresas y el Estado.

Segundo, el plan es incongruente con las acciones de la política pública. Aun aceptando la política intervencionista, para que la inversión crezca como se plantea se necesita seguridad jurídica, transparencia y piso parejo en la regulación. Todo eso se ha vulnerado con las recientes reformas: la judicial y la desaparición o debilitamiento de los contrapesos que significan los organismos autónomos a cargo de las políticas de Estado.

Tercero, el plan no considera los riesgos evidentes en el corto plazo por la apremiante situación de las finanzas públicas y la desaceleración de la economía. Estos deberían atraer urgentemente la atención de la autoridad para que cualquier plan de política industrial pueda tener éxito.

Finalmente, el énfasis en las mipymes es bienvenido, pero debe centrarse en su formalización y crecimiento a fin de superar su escasa productividad. Pero eso es casi imposible, dada su intensidad en servicios laborales, cuyo costo ha crecido formidablemente, y el alto costo del capital que las tasas de interés implican.

Para un éxito significativo de este u otros planes es necesario atacar los problemas estructurales y coyunturales de la economía; ello implicaría revertir numerosas medidas y políticas de los últimos años que se intensifican en este gobierno.

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