El mercado europeo del carbono debe mirar al futuro

MÚNICH – La política de fijación de precio a las emisiones de carbono que sigue la Unión Europea ha sido siempre objeto de intenso debate. Unos la ven como un audaz experimento de alineación entre los mercados y los límites planetarios; otros, como una carga adicional para los hogares y las empresas, que ya padecen un aumento de costos de la energía.

Pero hay un hecho que sigue siendo innegable: el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la UE ha logrado una reducción de emisiones de dióxido de carbono más rápida y económica que casi cualquier otra política climática. La cuestión ya no es si hay que fijar o no precio al carbono, sino cómo hacer que el sistema sea más justo, eficiente y capaz de resistir a los vaivenes políticos. La credibilidad climática de Europa depende de hallar el equilibrio justo entre las aspiraciones y el pragmatismo económico.

Desde su puesta en marcha en 2005, el RCDE consiguió una gran reducción de emisiones mediante la acción del mercado. Las del sector de generación de electricidad se derrumbaron; el uso de carbón quedó prácticamente fuera de competencia; las emisiones en todos los sectores participantes se redujeron más o menos un 50%; y miles de millones de dólares obtenidos del RCDE se destinaron a tecnologías de energía limpia.

De modo que lo que comenzó como un sistema experimental de comercio de derechos de emisión se convirtió en el mercado de carbono más grande del mundo por ingresos y en un modelo para sistemas similares, de California a China. Hoy casi el 30% de las emisiones mundiales de CO2 están cubiertas por sistemas de fijación de precios de un tipo u otro (hace dos decenios era menos del 6%) que generan a los erarios más de 100,000 millones de dólares cada año.

Es inevitable que este crecimiento plantee desafíos nuevos. Con la extensión del RCDE a sectores como el transporte y la construcción y la eliminación gradual de la entrega gratuita de derechos de emisión, que tendrá lugar entre 2026 y 2034, el aumento de precios del carbono tendrá un efecto más directo sobre empresas y hogares. Es una realidad que no hay que ignorar, pero no es motivo para abandonar una política de eficacia comprobada. En vez de eso, hay que recalibrar con cuidado el sistema para que siga siendo justo y políticamente sostenible.

Aunque en tiempos de tensión económica la idea de suavizar o suspender los precios del carbono es muy tentadora, cualquier cambio de política súbito debilitaría la confianza de los inversores, aumentaría la incertidumbre y restaría credibilidad a Europa como líder climático. La estabilidad es la base de la innovación a largo plazo, y el auge de la inversión en tecnologías limpias en Europa depende de ella.

Dicho esto, el sistema de precios del carbono no tiene por objetivo castigar a la industria, sino enviar a las empresas señales de que la contaminación es costosa y de que los modos de producción más limpios son rentables, permitiéndoles elegir el método de reducción de emisiones más eficiente, en vez de tener que amoldarse a un único mandato universal. Los ingresos del sistema pueden (y deben) reinvertirse en la economía para dar apoyo a empresas y hogares vulnerables durante la transición.

Los ingresos del RCDE se podrían usar para financiar un “dividendo climático” destinado a los hogares que compense el encarecimiento de la energía y del transporte y refuerce al hacerlo la confianza pública. En el caso de las industrias afectadas, la provisión selectiva de apoyo (condicionada a la obtención de avances medibles en la descarbonización) puede facilitar la transición hasta que haya alternativas con baja emisión de carbono comercialmente viables, siempre que las autoridades eviten la entrega de subsidios que bajo un manto de falsa promoción de la competitividad protejan la ineficiencia.

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) de la UE, entra en vigor este 2026, es crucial (aunque incomprendido) del RCDE. Extiende el precio del carbono a las importaciones de acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno, para que las empresas europeas no pierdan mercado frente a competidores extranjeros con mayores niveles de emisión. Contra lo que dicen algunos críticos, no es proteccionismo, sino realismo climático.

El MAFC también puede catalizar una revolución silenciosa en la política climática mundial. Vinculando la transparencia climática con el acceso al mayor mercado único del mundo, la UE envía un mensaje claro: las empresas que quieran venderle a Europa deberán cumplir las mismas normas ambientales. Otras grandes economías (entre ellas Estados Unidos) han comenzado a explorar ideas similares, prueba de un creciente reconocimiento de que la competencia justa y la acción climática pueden ir de la mano.

Pero la mera posibilidad de una convergencia internacional de los sistemas de precios del carbono motiva a algunos gobiernos y grupos industriales a intentar bloquear o fragmentar el comercio de derechos de emisión. A fin de cuentas, un sistema transparente y comparable debilita la ventaja competitiva de los fabricantes que emiten más carbono.

La UE no debe permitir que las presiones políticas dicten el ritmo o la dirección de su transición energética. Pero debe perfeccionar el MAFC para que la ambición no se convierta en rigidez. Se destacan en tal sentido cuatro medidas.

En primer lugar, los productos importados se podrían someter a una evaluación comparativa para dar un alivio parcial a los fabricantes extranjeros que estén al nivel de las exigencias más estrictas de la UE. Esto recompensará la producción climáticamente eficiente, reducirá las tensiones comerciales y permitirá a la UE mantener la entrega de derechos de emisión gratuitos a los fabricantes europeos limpios.

En segundo lugar, la UE debe introducir un esquema de reembolsos para las empresas europeas que exporten a mercados donde no existe un sistema de precios del carbono eficaz. Cualquier avance significativo en la lucha contra el cambio climático depende de que los productos europeos limpios puedan competir en todo el mundo.

La tercera prioridad es simplificar y armonizar los requisitos de publicación de información para el MAFC (y otros regímenes). Mediante una racionalización del MAFC, sería posible sustituir el entramado de normas superpuestas de la actualidad por un precio del carbono único y transparente, tanto para la producción local como para los productos importados; eso eliminaría trámites burocráticos y daría más claridad a las empresas.

Por último, la introducción del MAFC debe ser gradual, para evitar daños no deseados a las economías más pobres y vulnerables del mundo. La UE podría incluso destinar una parte de los ingresos del MAFC a ayudar a estos países a invertir en la descarbonización de su producción. Esto no debilitará la fijación de precios del carbono, sino que contribuirá al objetivo de que el sistema sea equitativo y recíproco.

Es esencial comprender que la resiliencia climática y la competitividad no son incompatibles. Lejos de ser trabas burocráticas, el RCDE y el MAFC son los cimientos de la futura economía europea. Al estimular la innovación en tecnologías limpias, la fijación de precios del carbono puede impulsar el crecimiento de sectores estratégicos (desde el hidrógeno verde hasta los materiales avanzados y la fabricación circular) y reducir al mismo tiempo la dependencia energética.

Para que el modelo funcione, las autoridades deben centrarse en tres principios: justicia, para que la ciudadanía siga apoyando el sistema; previsibilidad, para mantener la confianza de los inversores; y coherencia, para sostener el liderazgo mundial de Europa. Si Europa evita cambios de políticas bruscos durante la transición energética, no sólo cumplirá sus objetivos climáticos, sino que también influirá en la definición de reglas para la incipiente economía descarbonizada.

El autor

Günther Thallinger, integrante de la junta directiva de Allianz SE, es responsable del área de Sostenibilidad y Gestión de Inversiones.

El autor

Ludovic Subran es director de inversiones y economista principal en Allianz.

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