Crisis fiscal, ¿impuesto al patrimonio de los súper-ricos?

México se dirige a una crisis fiscal que está codificada genéticamente en el DNA del régimen. El gobierno incurrió en un déficit histórico sin precedente en 2024 de casi 6% del PIB, y el de este año (aproximadamente 4% del PIB) hará que el saldo de la deuda supere el 54% del PIB, o 18 billones de pesos (bdp). El disparo de la deuda es brutal; en 2018 era de 10 bdp. Este porcentaje es muy elevado dada la escasa capacidad recaudatoria del Estado, ante una tasa de informalidad laboral extraordinaria. Más del 55% de los trabajadores en México se encuentra en la informalidad; y el gobierno recauda apenas un 23% del PIB. Por otro lado, el gasto público superará en 2026 los 10 bdp. Sólo las pensiones contributivas y no contributivas (del “Bienestar”) concentrarán 2.3 bdp. A ello deben añadirse un torrente creciente de subsidios masivos y dádivas clientelares (soporte político esencial de un régimen populista), así como pérdidas astronómicas de Pemex en refinación y transformación industrial, y “apoyos” financieros, transferencias, aportaciones y reducciones de impuestos a esta empresa quebrada con el fin de “rescatar la soberanía”. Lo anterior, aparte de un altísimo costo financiero de la deuda pública (1 bdp en pago de intereses), y, onerosos megaproyectos ferroviarios improductivos.

Se configura así un déficit estructural que abulta la deuda año con año, y que no tiene forma de ser resuelto más que con: 1) recortes catastróficos a servicios públicos esenciales como salud, educación, seguridad, medio ambiente, o infraestructura; 2) más deuda, que en algún momento previsible llegará a ser insostenible; 3) alza a gran escala de impuestos al consumo IVA y IEPS o al ingreso ISR. Pero aumentar el IVA o aplicarlo a alimentos y medicinas sería muy riesgoso para el régimen; y elevar aún más el ISR a empresas y personas físicas tendría graves consecuencias económicas y políticas. Por ello, el gobierno ha recurrido frenéticamente a nuevos impuestos especiales a ahorradores, bebidas, alimentos y videojuegos; a hostigamiento fiscal, dobles tributaciones de IVA, y retenciones confiscatorias a plataformas digitales. Esto será sólo un paliativo. Por ello, no es descabellado que el gobierno intente aplicar en México un impuesto patrimonial a los contribuyentes de muy altos ingresos (“superricos”); una especie de Impuesto Zucman que está de moda entre las izquierdas. Zucman es un economista francés especializado en desigualdad y paraísos fiscales, adscrito a la École d´Economie de Paris. Se trata de que quienes posean un patrimonio de más de 100 o 1,000 millones de dólares paguen anualmente al menos el 2% de su riqueza, considerándose que los superricos tienen una tasa efectiva de impuesto relativamente baja. La base gravable patrimonial incluiría acciones listadas a su valor de mercado, inmuebles, efectivo, bonos, obras de arte, yates, aviones privados, etcétera. También, patrimonio en fondos de inversión, fundaciones, fideicomisos, arrendadoras y otras sociedades creadas por el contribuyente. Esto presupondría que es posible identificar al beneficiario final de tales vehículos, que hay transparencia absoluta, intercambio automático de información con autoridades, y barreras en la mudanza fiscal o cambio de residencia a otros países (para eludir el impuesto al patrimonio), incluyendo impuestos de salida. También, que gran parte de los países participaran simultáneamente con marcos legales compatibles y mecanismos extraterritoriales de ejecución, o que exista un procedimiento para que el país de origen cobre el impuesto de acuerdo a los activos y tiempo de presencia del contribuyente en su jurisdicción.

No obstante, de acuerdo a la experiencia, es magra la recaudación de los impuestos patrimoniales y a un costo administrativo inaceptable, con serios impactos sobre la certeza jurídica y la inversión. Además, es muy difícil la valoración de empresas privadas, obras de arte, y otros activos no cotizados. En todo caso, los superricos pueden cambiar de residencia, bloquear trazabilidad, y encubrir patrimonio con familiares o prestanombres, y en diversos vehículos financieros y administrativos (fundaciones, fideicomisos), o transferir activos a otros países o paraísos fiscales.

O, simplemente, pueden litigar con éxito, dado que los impuestos patrimoniales tienden a ser anticonstitucionales por discriminatorios y atentatorios contra el derecho de propiedad. (Esto no debe preocupar al gobierno de México, gracias a la captura del Poder Judicial y a la inhabilitación del Juicio de Amparo). Por último, pagar 2% anual por patrimonio mayormente ilíquido puede forzar ventas de activos a extranjeros o endeudamientos indeseables. Por eso, lo habitual es que se graven ingresos o rendimientos y no los acervos de riqueza. Los problemas con este tipo de impuestos patrimoniales son tal vez insuperables. De hecho, han sido suspendidos, abrogados o aplicados sólo al patrimonio inmobiliario en diversos países como Francia, Suecia, Países Bajos, o Alemania. En suma, el Impuesto Zucman es inoperante. No es una opción practicable o relevante para conjurar la crisis fiscal que gravita en nuestro horizonte.