Del pasado reciente, no registro a un candidato electo a la primera magistratura de la República que, al día siguiente de ganar la elección, iniciase actividades como si fuera presidente en funciones. Desde el 2 de julio, Andrés Manuel López Obrador ha trabajado una agenda paralela a la del aún titular del Ejecutivo federal, a grado tal que prácticamente lo ha borrado de cuadro.

Es más, no existía precedente de un anuncio tan anticipado del gabinete entrante. Esta novedad ha generado que los próximos funcionarios estén muy activos, generando incertidumbre entre la gente y manteniendo expectantes a los medios de comunicación.

Por ejemplo, Carlos Manuel Urzúa, próximo titular de la Secretaría de Hacienda, en su primera aparición pública sostuvo que la gasolina elevará su precio en términos de la inflación, lo cual generó polémica, pues contradijo aquello de que el precio se congelaría. Además, sus afirmaciones fueron debatidas por varios especialistas, quienes coincidieron en que el valor de los combustibles no se rige por la inflación sino por el precio del petróleo.

Por otro lado, Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, estaba enredado con el método para definir el futuro del nuevo aeropuerto y, el lunes pasado, el candidato electo determinó que el destino de tal proyecto se conocerá a fines de octubre, después de llevar a cabo una consulta ciudadana. Increíble pero cierto, todavía no inicia su periodo constitucional y ya toma decisiones que no están a su alcance.

Valdría la pena que López Obrador escuche opiniones. El exconsejero del INE Arturo Sánchez ya expuso que contamos con la Ley Federal de Consulta Popular, la cual dispone que tal ejercicio se debe realizar el mismo día de una elección federal y, para los fines que busca AMLO, la próxima será hasta el 2021. Esto no quiere decir que no se pueda hacer antes; es factible explorar mecanismos de excepción y, de no existir, legislarlos. Pero la aprobación finalmente debe contar con el aval del Congreso de la Unión. Somos un país de instituciones, una vez más parece olvidarlo. El presidente no es omnipotente.

El 13 de julio, el candidato electo recibió la visita de una delegación enviada por Donald Trump, encabezada por Michael Pompeo, secretario de Estado del gobierno norteamericano. Más allá de la relevancia del suceso, algunos medios de comunicación advirtieron la falta de protocolo durante el encuentro, lo cual se hizo viral, recayendo la responsabilidad, desde luego, en Marcelo Ebrard, nuestro próximo canciller.

Rocío Nahle, la futura secretaria de Energía, inició la búsqueda de terrenos para la construcción de la refinería en Tabasco y, por su parte, la próxima secretaria del Medio Ambiente, Josefa González, aderezó el ambiente político manifestando su creencia en la existencia de “aluxes”. En este espectáculo no se aprecia orden y, si se pretende generar buenas expectativas, el efecto es contrario.

La reacción del futuro presidente sobre el tema del fideicomiso, por ejemplo, resultó preocupante.

Un poco de discreción en las actividades de quienes dirigirán este país a partir del próximo 1 de diciembre es recomendable. No olvidemos que los gobiernos de ocurrencia no dejan nada bueno y las elevadas expectativas de la próxima administración les invita a recurrir, antes que nada, a la herramienta más valiosa en el ejercicio gubernamental: la planeación democrática. Todo aquello que anhelan realizar debe quedar plasmado en su Plan Nacional de Desarrollo.

Después de un serio análisis comparativo entre lo que se pretende hacer y los recursos con los que contarán, podrán tomar decisiones serias y objetivas. El próximo gobierno ya dispone de información a su alcance para realizar un diseño profesional de las obras y acciones que implementarán los próximos seis años. No es necesario, ni recomendable seguir dando “palos de ciego”. Los anuncios a priori están resultando contraproducentes.

@Ernesto_Millan

Ernesto Millán

Columnista

Molinos de Viento