En el siglo XX se gestaron hechos históricos que dieron carta de naturalización a la Economía del Bienestar. Los estragos de la Primera Guerra Mundial se manifestaron en pobreza, hambruna, desempleo y destrucción de las capacidades productivas.

En respuesta, después de la guerra, se adoptaron en los países europeos compensaciones al desempleo, subsidios a la compra y venta de productos, salarios mínimos y transferencias monetarias directas e indirectas, entre otros.

Con el paso del tiempo, y muchas veces en relación con guerras, conflictos civiles, complejas recesiones económicas y ahora pandemias, se fue fraguando un complejo conjunto de medidas, agrupadas bajo el concepto de política económica, que adquirieron forma para atender con diversos enfoques el gran tema del bienestar social.

En el presente, es ampliamente aceptada la definición de S. Spiegel que propone que “el objetivo de la política económica consiste en maximizar el bienestar social duradero de manera equitativa y sostenible” (Naciones Unidas, 2007). La Cepal, en un análisis reciente sobre el impacto económico de las políticas sociales (Martinez, et. al. 2012), establece que el modelo de desarrollo de un país determina los grandes objetivos estratégicos de la política económica y social, cuya consecución efectiva abarca el grado de participación de los sectores público y privado.

Mientras que las políticas fiscal y monetaria proceden a través de un uso racional y coordinado de instrumentos que tienen como fin el logro del crecimiento económico con estabilidad, la política social debe contribuir al bienestar de la población. De manera particular, tanto la política tributaria como la de gasto público, se pueden desplegar para mejorar el ingreso familiar bajo un concepto de equidad. A lo anterior contribuyen de manera estratégica las técnicas modernas de programación del gasto que permiten dar dirección, dimensión y trazabilidad al gasto social.

El gasto social, ya sea en salud, educación o empleo, debe verse como una inversión y no necesariamente como gasto corriente. Adquiere el rango de inversión social cuando asume, entre otras características, un cierto grado de rentabilidad expresada en dividendos de bienestar.

Por ejemplo, el impacto redistributivo, social y económico de la inversión en educación. Un estudio de Cepal de 2012 establece las tasas internas de retorno de la educación en el incremento salarial, las cuales son en promedio, para 18 países de América Latina y el Caribe, de 7.6% para la educación secundaria y de 14.9% para la educación postsecundaria.

Por tanto, la conducción de la política social entraña movilizar recursos financieros, físicos y humanos, siendo el elemento estratégico más crítico cómo hacerla operativa.

La Cepal propone un mapa de procesos que, a partir de la priorización de un problema social que se desea atender, establece el diseño de planes, programas y proyectos, su instrumentación (puesta en marcha, operación, monitoreo y evaluación) y su impacto social, medible en términos de demanda de bienes y servicios, de productividad y de ingresos.

Existen alternativas para estimar el impacto económico de los programas sociales que canalizan subsidios y transfieren ingresos. Estas alternativas serán analizadas en las siguientes entregas.

Agustín Caso Raphael

Economista

Ensayos en Persuasión

Licenciado en Economía por el ITAM y Maestro por la Escuela del Servicio Exterior de Georgetown University, Washington D.C. Profesor Titular de Historia del Análisis Económico en el ITAM desde 1990. En 1976 recibió el Premio Nacional de Economía y su trabajo fue publicado por Editorial Limusa con el título Política Monetaria, Inflación y Crecimiento Económico: El Caso de México. En 2005 publicó el libro Migración y Repatriaciones y en 2010, Trotsky, Viaje hacia el Laberinto.

Por más de 45 años se ha desempeñado en la administración pública nacional e internacional. Inició su desarrollo profesional en el Banco de México. Ha ocupado puestos directivos en el Banamex, Pemex, el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), la Conasupo, y las Secretarías de Energía, Gobernación y Hacienda y el INEE. Actualmente es Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.