Después de la jornada electoral llevada a cabo el pasado 1 de julio, muchos mexicanos esperábamos tranquilidad, aquella que provendría del acostumbrado remanso poselectoral. Es decir, ese momento durante el cual los presidentes electos se dedicaban a dar forma a sus planes de gobierno, a la selección de su gabinete y la organización, metódica y razonada, de la entrega-recepción a través del equipo de transición.

La parafernalia electoral a la que fuimos sometidos inició formalmente en diciembre del año pasado, con el arranque de las precampañas y, durante ya más de siete meses, hemos estado sometidos de manera ininterrumpida a un excesivo quehacer político que, mas allá de ser alentador, en ocasiones resulta lo contrario.

Tenemos un presidente electo que día a día da nota, a veces buena, a veces mala, pero siempre genera polémica. Por ejemplo, respecto a la descentralización del gobierno, a finales del mes pasado el sindicato de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales difundió un comunicado de prensa expresando su firme y categórico rechazo. Ahora el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Turismo, José Carlos Navarro Valencia, sostuvo que la mayor parte del personal de esa dependencia no está de acuerdo con el traslado a Chetumal y que la desinformación ha generado gran incertidumbre entre sus agremiados.

Podemos suponer que de los más de 30 millones de votos que llevaron a la victoria al licenciado Andrés Manuel López Obrador, algunas decenas de miles fueron sufragados por servidores públicos federales, los cuales quizá ahora estén afligidos por su decisión.

La designación de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad y la intención de condonar el pago de 43,000 millones de pesos por consumo de electricidad a los morosos, también generó reyerta. Han abundado los anuncios preocupantes, pero también hay una que otra decisión acertada.

El lunes pasado el presidente electo se refirió a la costumbre del gobierno federal de adquirir seguros de gastos médicos para los mandos medios y superiores de la burocracia, lo que es inexplicable, ya que se supone que cuentan con el servicio del ISSSTE. Se hizo público que dichos seguros, tan sólo en el sector central, han implicado un gasto superior a los 1,600 millones de pesos, lo cual aunado a lo que erogan los poderes Legislativo y Judicial, además de los organismos autónomos, la cifra rebasa los 3,800 millones de pesos.

La buena noticia es que esto se acabará, pues partiendo de que somos un país con carencias, es correcto redireccionar esos recursos para atender necesidades prioritarias de la población. No obstante, la otra cara de la moneda implica un escenario desolador para las aseguradoras, que probablemente permanecen en estado de alarma al ver que se aleja de sus manos un gran negocio.

La acelerada vida política del país no da tregua y el sábado nos dispensó pintorescos sucesos en ocasión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, al reaparecer entre ovaciones y aplausos el excandidato presidencial Ricardo Anaya. La recepción fue tan emotiva que generó sorpresa en la opinión pública. Se trata de un contendiente perdedor, señalado por la presunta comisión de actividades ilícitas, que llevó a su partido al descalabro más severo de su historia, por lo que la reacción de los panistas no vaticina nada bueno para el blanquiazul.

Y así, aunque muchos ciudadanos anhelamos sensatez, parece negada, y si ha de llegar, es posible que sea a cuentagotas.

Ernesto Millán

Columnista

Molinos de Viento

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha ocupado diferentes cargos en gobierno federal, estatal y municipal por más de 20 años. Es Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y Consejero Jurídico de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C.