Con el Paquete Económico 2020, se incluyó la propuesta de adicionar al Código Fiscal de la Federación (CFF) el título sexto: “De la revelación de esquemas reportables”. En caso de aprobarse, los contribuyentes tendrán que dar a conocer a la autoridad fiscal los esquemas reportables que, conforme a la ley, generen o puedan generar la obtención de un beneficio fiscal, y que deriven de cualquier plan, estrategia o recomendación externada con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos y que además tenga alguna de las 29 características enlistadas por el propuesto artículo 199 del CFF.

Estos reportes serán remitidos al SAT y serán responsabilidad del “asesor fiscal” (quien deberá registrarse como tal) o bien del contribuyente, presentarlos para una valoración con una duración máxima de ocho meses, a cargo de un comité integrado en partes iguales por miembros de la SHCP y el SAT, siendo que sus determinaciones podrán ser impugnadas en tribunales. Las sanciones por incumplimiento al reporte van desde 50,000 hasta 20,000 millones de pesos.

Su origen está en la iniciativa Acción 12, que la OCDE y el G20 diseñaron como parte de un plan de acción con 15 puntos encaminados a combatir la erosión de la base imponible y traslado de beneficios. La propuesta en México, si bien reconoce la tendencia internacional de establecer en la ley este tipo de obligaciones, tiene un alcance y redacción que exceden la propuesta de los organismos, ignorando las recomendaciones contenidas en el informe final de la Acción 12 y que dan un amplio margen de inseguridad a contribuyentes y asesores. Las principales irregularidades son las siguientes:

Se desatiende una de las recomendaciones internacionales, pues las normas de declaración obligatoria (esquemas reportables) deberían alcanzar un equilibrio entre el incremento de los costos de cumplimiento que soportan los contribuyentes y los beneficios obtenidos por la administración tributaria y, con esta propuesta, los costos estarán sólo a cargo del contribuyente.

Otra recomendación desatendida del informe es que “no sería práctico que un régimen de declaración obligatoria se centrara en todas las operaciones que suscitan dudas de elusión fiscal, por lo que la identificación de “rasgos distintivos” es un factor clave para establecer el alcance de las normas, y, en este caso, la amplitud que se pretende la vuelve sumamente impráctica.

Se establece que el Comité de valoración de los esquemas reportables es creado para dar seguridad jurídica a los contribuyentes; sin embargo, pareciera que la propuesta avanza en dirección opuesta, ya que se está creando una instancia que tendría facultades mayores a la de los tribunales federales, con decisiones obligatorias, hasta que un tribunal no las declare nulas.

Resulta claramente inconstitucional pretender aplicaciones retroactivas de estas nuevas disposiciones, al establecer la obligación de reportar esquemas anteriores a la entrada en vigor de la ley, que tengan implicaciones en ejercicios fiscales posteriores a la reforma.

Existe un claro conflicto de leyes, pues tanto el Código Civil Federal como el Código Penal Federal establecen consecuencias económicas y penales para el profesionista que revele, suministre documentos o datos que perjudiquen a su cliente, precisamente por el desempeño de su encargo. Con el esquema propuesto, se está obligando a los asesores fiscales a quebrantar la secrecía y compartir información exclusiva de sus clientes.

En conclusión, podemos establecer que las estrategias fiscales resultan legal y moralmente válidas, mientras se respete la norma jurídica y se legitime con motivos económicos válidos. No hay que olvidar que los asesores de planificación fiscal utilizan los propios beneficios legales que contempla la misma legislación fiscal; en tal sentido, es el mismo gobierno el que deben afrontar su responsabilidad en temas de elusión fiscal, generando leyes y dictando medidas más pertinentes para evitar el abuso de algunos contribuyentes.