El presidente López Obrador sigue insistiendo en que impulsará tres reformas constitucionales en la segunda mitad de su sexenio que, en sus palabras, cimentarán las bases de la llamada “cuarta transformación”. La realidad es que, si llegasen a aprobarse, más bien cementarán a México; la más grande aspiración de este gobierno es que seamos un país de cuarta, sin instituciones públicas fuertes e independientes, sin competencia económica y sin posibilidades de desarrollo y bienestar para los mexicanos.

Se preguntarán, ¿que tan graves pueden ser estas reformas? Pues lo son, y mucho.

Primero: La reforma electoral, que se basa en tres premisas: 1) reducir el presupuesto del INE y desaparecer los órganos electorales estatales, 2) modificar la forma en la que se elige a sus consejeros y 3) desaparecer a los Diputados y Senadores plurinominales.

A primera vista, podrían pensar que representa un cambio positivo, apegado a los valores de la “austeridad republicana”. Sin embargo, les aseguro que estaríamos poniendo en riesgo la autonomía del árbitro electoral, su capacidad de llevar a cabo elecciones justas y transparentes, así como la representatividad y pluralidad en el Congreso de la Unión. En resumen, Morena quiere eliminar los contrapesos y establecerse como un poder autocrático que gobierna desde lo oscurito y en la opacidad.

Segundo: La reforma eléctrica. Después del fracasado intento de regresarle el monopolio a la CFE con la Ley Combustóleo, el presidente pretende redoblar esfuerzos. La ley que autorizamos en Cámara de Diputados está suspendida indefinidamente porque es inconstitucional, por lo que ahora quieren modificar la Carta Magna para que, desde nuestro máximo ordenamiento jurídico, se ajusten los porcentajes de participación en el mercado eléctrico y se privilegie la generación de energía contaminante y cara en lugar de fuentes limpias y renovables.

No nos dejemos engañar, esta reforma no sólo es innecesaria, sino que inhibe la inversión, la participación privada y el crecimiento económico. “Rescatar” a la CFE es importante, pero no tiene que hacerse encendiendo sus generadoras viejas y contaminantes, sino impulsando la transición energética en el mercado eléctrico nacional e incrementando la inversión en transmisión y distribución de energía.

Tercero: La reforma de la Guardia Nacional para sectorizarla a la Sedena. Queda claro que la promesa de “no militarizar al país” quedó atrás, ya que, fue hace apenas dos años, cuando los diputados tuvimos una intensa discusión sobre la importancia de mantener la estructura civil de quienes estarían a cargo de la seguridad interna nacional, y en consenso decidimos que el gobierno debía tener la posibilidad de intentar un nuevo modelo para recuperar la paz de los mexicanos.

Apenas van a la mitad del sexenio y el ejercicio ha fallado; no basta con que los militares construyan trenes, operen puertos marítimos, administren aeropuertos, ahora también buscan desplazar a la recién integrada gendarmería nacional, y justo en la peor crisis de inseguridad en la historia de México. Sin lugar a duda, militarizar el país no es la solución.

Los mexicanos queremos un país de primera, no de cuarta. Y aunque con la nueva conformación del Congreso difícilmente podrán materializarse estas reformas, tampoco podemos bajar la guardia. Debemos exigir a cada diputado federal que legisle a favor de México y respondan a los intereses de los ciudadanos quienes los elegimos. Así que yo estaría más pendiente que nunca de lo que pasa en San Lázaro.

Twitter: @PerezSoraya

 

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.

Lee más de este autor