El combate a los sobornos y a la corrupción tienen un lugar destacado en el T-MEC y obligará a México a tomar medidas que garanticen que el combate a la corrupción va en serio. Es verdad que este asunto está en el centro de los mensajes de AMLO, pero tendrá otra dimensión al formar parte del acuerdo comercial: los países firmantes del T-MEC se obligan a establecer medidas, destinar recursos y crear estructuras que prevengan y combatan los sobornos y los actos de corrupción. ¿Basta con los recursos que ahora se tienen? ¿Es suficiente la estructura? Sería muy interesante conocer la opinión de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de algunos expertos del tema, como Edna Jaime o Eduardo Bohórquez.

Todo está en el capítulo 27 del acuerdo comercial, del que se ha hablado muy poco. No había nada parecido en el TLCAN y constituye el más explícito y detallado conjunto de medidas anticorrupción que forme parte de cualquier acuerdo comercial que Estados Unidos haya firmado. ¿Servirá como pretexto para que nuestros vecinos intervengan en la forma en que tratamos nuestros trapos sucios?

¿Bastará con lo que AMLO y la 4T han dicho y hecho para cumplir con los mayores niveles de exigencia antisobornos y anticorrupción que derivan del T-MEC? Los gobiernos se obligaron a establecer procedimientos adecuados de selección y entrenamiento de personal en posiciones públicas consideradas vulnerables a la corrupción. ¿Se está haciendo ahora de forma sistemática o hay planes piloto de hacerlo, por ejemplo, en las áreas de compras o en los órganos reguladores?

Una cosa es clara: el T-MEC es mucho más exigente respecto a las obligaciones de los servidores públicos de declarar con detalle su patrimonio y sus actividades externas, incluyendo inversiones, activos y conflictos de interés. Obligaría a México a tratar con más seriedad o severidad situaciones como las que derivaron de la Casa Blanca de Angélica Rivera o las 29 casas relacionadas con Manuel Bartlett. En esta materia, el acuerdo comercial obliga a los gobiernos a ir más allá de lo que el funcionario quiera declarar: compromete a los países firmantes a establecer políticas y procedimientos que identifiquen y eliminen los conflictos de interés de los servidores públicos.

El capítulo se enfoca en las obligaciones de los gobiernos, pero tiene implicaciones para empresas e individuos. Llama la atención el énfasis para que las empresas establezcan procedimientos contables que impidan movimientos financieros en cuentas paralelas u off the books. Podemos suponer que esto van en línea con la reforma fiscal penal que se aprobó, pero no necesariamente: el T-MEC no va contra la evasión fiscal, sino que busca combatir las malas prácticas corporativas que, a través de la corrupción, generan ventajas competitivas desleales en concursos públicos. ¿Quién llevará el liderazgo de este asunto en el gobierno... lo hará el SAT, la súper Unidad de Inteligencia Financiera o la Procuraduría Fiscal?

El mayor impacto del capítulo 27 se sentirá en México, porque tiene el mayor nivel de corrupción entre los tres países y carece de algunas de las medidas anticorrupción que ya están en vigor en EU y Canadá, afirman los expertos Collman Griffin, Richard Mojica y Marc Alain Bohn en un paper dedicado al tema. ¿Servirá para hacer más institucional y menos voluntarista el combate a la corrupción en la 4T? El tiempo nos traerá la respuesta.

Luis Miguel González

Director General Editorial de El Economista

Caja Fuerte

Licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Estudió el Master de Periodismo en El País, en la Universidad Autónoma de Madrid en 1994, y una especialización en periodismo económico en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido reportero, editor de negocios y director editorial del diario PÚBLICO de Guadalajara, y ha trabajado en los periódicos Siglo 21 y Milenio.

Se ha especializado en periodismo económico y en periodismo de investigación, y ha realizado estancias profesionales en Cinco Días de Madrid y San Antonio Express News, de San Antonio, Texas.