Al inicio de la vida independiente en México, se estableció la división de poderes como forma de gobierno, principio que se mantuvo vigente en nuestra tradición constitucional. En la actualidad, el artículo 49 de la Constitución Política estipula que: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

El gran pensador de la ilustración francesa, el barón de Montesquieu, en 1748, publicó su obra maestra El espíritu de las leyes, en la que sostuvo que debe darse una separación y un equilibrio entre los distintos poderes del Estado. Argumentó que: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.

Después de la Revolución Mexicana y ante el nacimiento de un partido hegemónico, surgió un sistema presidencialista que no permitió contrapesos. La reforma judicial de 1994 eliminó facultades al titular del Ejecutivo para inmiscuirse en la integración de la SCJN y la efectiva correlación de fuerzas, que surgió en 1997 en la Cámara de Diputados, fueron oxígeno para el sistema republicano, que después de la alternancia del año 2000 sigue madurando.

En este contexto y debido a nuestra grave crisis de seguridad, debatimos sobre la necesidad de la consolidación de una Fiscalía General de Justicia autónoma y eficaz. El esquema actual se considera obsoleto. La sociedad aprecia que se trata de una dependencia que sirve a las más altas esferas del poder, que carece de imparcialidad para investigar los casos graves de violaciones a los derechos humanos, así como los delitos cometidos por funcionarios o exfuncionarios de alta jerarquía. Esta visión genera enorme desconfianza.

El Poder Judicial, desde su soberanía, no ha aportado equilibrio y parece afanado en un juego de conveniencias, donde es mejor que todo siga sucediendo. No ha desplegado su influencia para exigir el eficaz y profesional desempeño del Ministerio Público, por el contrario, se sirve de las deficiencias de éste para justificar las sinrazones con que repentinamente agravia a los mexicanos.

Entonces, si hasta ahora los poderes de la unión no han podido asumir un papel determinante para la transformación de la patria, ¿de qué sirve dotar de autonomía a un fiscal? Tal vez ésa no sea la solución. Tenemos el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que, a pesar de sus grandes esfuerzos y el prestigio de sus integrantes, no ha podido impactar en la conducta de las autoridades. Basta revisar las cifras de incumplimiento a sus recomendaciones. Además, se dice que ha sido víctima de manipulación política desde el Senado, donde se define la elección o reelección de su titular, a lo que se agrega la presunta influencia del presidente de la República.

Lo verdaderamente necesario es que quienes despliegan el poder, ya sea un fiscal, un senador, un diputado o un ministro, asuman su legítimo compromiso social. Servir al pueblo, sin servirse de él.

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2017–2018, publicado por la organización The World Justice Project, México tiene indicadores vergonzosos en rubros como corrupción, orden y seguridad, así como justicia civil y criminal, por citar algunos, que nos ubican en las últimas posiciones entre 113 países evaluados. Los primeros lugares están ocupados por Dinamarca, Noruega y Finlandia, en los cuales me parece que su fiscal no es autónomo. Lo habré de investigar.

A partir del próximo 1º de diciembre, iniciará una nueva etapa en este país. El próximo presidente llega con una gran aceptación. En mi opinión, es mejor que el próximo fiscal general de Justicia sea designado por él, ya que así no existirán pretextos para que las cosas mejoren, y de no ser así, que el pueblo lo demande.

@Ernesto_Millan

Ernesto Millán

Columnista

Molinos de Viento

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha ocupado diferentes cargos en gobierno federal, estatal y municipal por más de 20 años. Es Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y Consejero Jurídico de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C.