La pobreza rural se explica, entre otros factores, porque su población tiene menor acceso a educación, tecnología, servicios públicos, infraestructura y mercados, tanto para la venta de sus productos como para la compra de insumos necesarios para su proceso productivo. Para ilustrar ese impacto basta conocer que 75.4% de los propietarios de terrenos rurales sólo cuentan con estudios de educación primaria y 15% de secundaria.

Para superar la pobreza en el ámbito rural, el Estado mexicano cuenta con diversas instituciones para hacer frente a este reto, varias de las cuales actúan en los tres órdenes de gobierno. Por ejemplo, a nivel federal existe la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); en las entidades federativas, las secretarías de fomento o desarrollo rural, y en los municipios, las secretarías o áreas encargadas del desarrollo rural.

Entre las estrategias que realizan algunas de estas instituciones mencionadas se encuentra la organización de productores rurales a través de diferentes modelos organizativos; sin embargo, los esfuerzos son todavía insuficientes para atajar los márgenes entre la pobreza y el desarrollo social.

En especial, la organización requiere de una estrecha vinculación de los productores con las redes de valor agroalimentarias en sus regiones, y la falta de esto trae como consecuencia un bajo nivel de desarrollo empresarial.

Algunos datos de diagnóstico interesantes plasmados en el Informe de la pobreza en México , realizado en el 2012 por la Coneval, revelan que existen en el país 15,584 núcleos agrarios; en ellos, la presencia del minifundio representa 2.6 millones de unidades de producción con menos de 5 hectáreas, es decir que tres cuartas partes de los productores tienen unidades de producción de estas dimensiones o menores.

Los propietarios de la tierra están conformados por una población envejecida, en la que 36.2% tiene más de 65 años; 67.5% de los ejidatarios son mayores de 50 años, y 41.2% de los jóvenes del sector rural emigran a centros urbanos o a los Estados Unidos de Norteamérica. Esta situación origina también el aumento constante de la presencia femenina en el sector rural, donde se estima que existen 1.4 millones de propietarias.

Todo el contexto anterior repercute evidentemente en las condiciones y acceso al financiamiento de las 5.4 millones de unidades económicas rurales en el país, de las cuales tienen acceso al financiamiento tan sólo 200,000.

En la siguiente colaboración aportaré otros datos que pueden ayudar a comprender la importancia en el combate a la pobreza, especialmente en las zonas rurales.

La opinión aquí expresada es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.

*Florencio Sánchez Hernández, especialista de la Subdirección de Desarrollo de Productores y Prestadores de Servicios.

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*Raúl Torres López, subdirector de Desarrollo de Productores y Prestadores de Servicios.

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