El primer movimiento de relevancia del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador es para apagar el fuego en los mercados  financieros que generó la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco.

Este primer movimiento tiene dos objetivos: enviar el mensaje de que el gobierno mexicano pagará sus deudas y la intención de cambiar las condiciones legales para evitar que se generen demandas legales cuando se anuncie oficialmente la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Para decirlo gráficamente, el gobierno mexicano salió a ahuyentar a los fondos buitre que ya sobrevolaban sobre una porción de la deuda que por 6,000 millones de dólares se colocó originalmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto para el financiamiento parcial del aeropuerto en Texcoco.

Los fondos buitre se caracterizan por su dureza para exigir el pago de las deudas que compran y han colocado en serias crisis a países como Argentina, por ejemplo.

A raíz de que el presidente electo anunció, el 29 de agosto pasado, que cancelaría la construcción del NAIM, y la degradación consecuente de su calificación por parte de la agencia calificadora Moody’s, los bonos registraron una depreciación e incluso una parte del paquete fue vendida por sus adquirentes originales en el mercado secundario.

Una porción habría sido adquirida por los fondos buitre que se especializan en la carroña financiera. Compran deudas a descuento y luego exigen a los gobiernos o empresas que colocaron el pago completo.

Reestructura

Ayer el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, presentó en Nueva York una oferta por 1,800 millones de dólares para recomprar los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

La intención es evitar caer en default o impago por la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto lo que aceleraría el pago de los 6,000 millones de dólares adquiridos con ese propósito.

En ese caso, quedarían comprometidos los recursos de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) que se colocaron como fuente de pago.

Lo que está haciendo el equipo de Urzúa es utilizar parte de los recursos del Fideicomiso del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (Mexcat) para recomprar los bonos que colocó.

Ofrece un premio que va desde 77 centavos de dólar en que cotizan hoy a entre 90 centavos y 1 dólar, el precio al que se colocaron originalmente.

Ese movimiento lo que buscó y logró fue enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados porque implica que el gobierno mexicano afrontará el pago de su deuda.

En sentido contrario, si el nuevo gobierno hubiera tomado la decisión de suspender las obras, en ese momento se hubiera incurrido en default y se habría activado el aceleramiento de la deuda.

Por eso el gobierno lopezobradorista decidió mantener la construcción, al menos en los próximos días, en los que se realizará la recompra de bonos, para que no cause efecto el default.

Hay que recordar que el gobierno de Enrique Peña Nieto fue cuidadoso en extremo y casi al mismo tiempo que el presidente electo anunció que como resultado de su encuesta se cancelaría la construcción del NAIM, el gobierno saliente anunció que se continuaría la obra hasta el último día de su gestión.

Peña Nieto se deslindó de una decisión que no era propia y que habría tenido consecuencias muy negativas.

Santa Lucía sigue

En México, autoridades especializadas y analistas han calificado a la cancelación del aeropuerto en Texcoco como un error histórico.

Sin embargo, López Obrador se ha mantenido firme en esa decisión e incluso, al rendir protesta como presidente constitucional, aseveró que la construcción de las nuevas pistas en Santa Lucía estarán listas en tres años.

Lo que no dijo es que su equipo económico estaba preparando la estrategia de recompra de bonos.

Es una estrategia financiera que viene preparando el equipo económico del nuevo gobierno desde hace varias semanas.

Al final de cuentas este intento por evitar caer en un severo problema legal y económico implicará la aportación de 1,800 millones de dólares   que, hay que destacar, no son del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para pagar por los bonos de una obra que al final será cancelada.

En el mejor de los casos podría lograrse evitar el pleito legal, pero el costo económico será extraordinario para cancelar una obra que cuenta con la aprobación de todas las autoridades aeronáuticas internacionales y especializadas (Mitre, Oaci, IATA, entre otras) e intenta construir, en cambio, un proyecto alternativo sin tales autorizaciones.

Se echaría al bote de la basura un activo imprescindible para superar la saturación del actual aeropuerto.

Si se cancela, México echaría por la borda un activo que lo convertiría en un hub internacional.

Si se cancela, Houston y Panamá resultarían beneficiados, como lo ha advertido la Canaero que encabeza Sergio Allard.

Santa Lucía, ha advertido Mitre, no aliviará la saturación del AICM y derivará en un “embotellamiento” aéreo en el corto plazo.

ATISBOS

MOODY’S.- Mantiene a revisión la calificación sobre los bonos. Su duda es por la proyección del TUA. Originalmente incluía proyección de ingresos del TUA por el actual AICM y el NAIM. El de Santa Lucía será de mucho menor dimensión y en consecuencia los ingresos serían menores. Por lo pronto el mercado cambiario reaccionó positivamente. A tiempo.

Marco A.Mares

Periodista

Ricos y Poderosos

Ha trabajado ininterrumpidamente en periódicos, revistas, radio, televisión e internet, en los últimos 31 años se ha especializado en negocios, finanzas y economía. Es uno de los tres conductores del programa Alebrijes, Águila o Sol, programa especializado en temas económicos que se transmite por Foro TV.