Durante los últimos años, diversos organismos públicos y privados han elaborado sus propios códigos de ética, los cuales dictan una serie de normas que definen estándares correctos de comportamiento.

En el 2004, el Poder Judicial de la Federación fue de los primeros en publicar el suyo, con el argumento de que el juzgador no sólo requiere conocimientos jurídicos, pues hay espacios en los que su única directriz es la conciencia y ésta requiere ser ilustrada con valores. De inmediato, los tribunales de las entidades federativas elaboraron sus respectivos ordenamientos éticos. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia, del entonces Distrito Federal, lo publicó en diciembre de ese mismo año. Mientras que el Estado de México lo hizo en agosto del 2005.

Años después, en el 2015, se anunció el Código de Ética para los Servidores Públicos del Gobierno Federal y, en mayo del 2016, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hizo lo propio.

Esta influencia parece haber alcanzado al próximo presidente de la República, quien refrendó la semana pasada su voluntad de impulsar la creación de una Constitución Moral para el pueblo mexicano. Esta idea ha generado diversidad de opiniones tanto a favor como en contra y hay quienes sostienen que es mas importante impulsar una cultura de respeto a la ley.

Lo cierto es que nuestra crisis en materia educativa, seguridad pública y corrupción deja en evidencia que la causa primordial de nuestros problemas es la ausencia de valores. Hacen gala de ello los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes privilegian la lucha por sus intereses colectivos, sobre su responsabilidad de educar con calidad a los estudiantes. Los criminales quienes resultan cada vez más sanguinarios, carentes de respeto a la vida y al patrimonio de los demás. Los funcionarios públicos que se apoderan de los recursos destinados al servicio de la gente, enriqueciéndose de forma ilícita. Todo esto es sintomático de nuestro ocaso.

Por ello, la decisión del próximo presidente podría ser atinada, además ha sostenido que una vez elaborada la Constitución, fomentará sus valores por todos los medios posibles. Es incuestionable que los mexicanos necesitamos reflexionar sobre lealtad, honestidad, generosidad, altruismo, respeto a la vida y a las leyes, por mencionar algunos. Sin embargo, en la iniciativa de López Obrador visualizo anunciada otra intención, la de iniciar una revolución ideológica. Es decir, pretende construir su legado partiendo de que en México hemos carecido de rumbo. No tenemos aspiraciones comunes, ni mística.

Un líder tiene la capacidad de impulsar a los demás para perseguir un objetivo común, asume ideales y responsabilidades que convierte en brújula para dirigir el destino del colectivo. El próximo presidente usará su Constitución Moral como instrumento de cohesión social, que nos dé convicciones ideológicas que funden un estandarte conceptual, basado en los valores que debemos rescatar para fomentar nuestra educación.

Un estandarte que podrá ser izado por los ciudadanos, al igual que por grandes empresarios, para incentivar el bienestar de la población. Un estandarte que instigue a las televisoras a producir contenidos virtuosos para dejar de lucrar con la violencia y la vulgaridad. Un estandarte que permita cimentar una sociedad saludable, decente y, sobre todo, con sentido humanista.

La pretensión de erigir un país con valores es un buen inicio, pero también una gran oportunidad para que López Obrador fortalezca aún más su ya poderoso liderazgo. Está decidido a trascender y por ello trabajará la conciencia del pueblo mexicano, desatendida, olvidada, campo fértil para el adoctrinamiento.

ErnestoMillán

Columnista

Molinos de Viento

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha ocupado diferentes cargos en gobierno federal, estatal y municipal por más de 20 años. Es Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y Consejero Jurídico de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C.