Las intervenciones públicas surgen porque la población presenta una situación que se desea modificar. Por ejemplo, el acceso nulo o limitado al financiamiento en las zonas rurales. Ante esto, instituciones como los bancos de desarrollo identifican con precisión la situación que desean revertir y establecen una teoría de cambio que determine las características y recursos necesarios en sus instrumentos de atención para que logren determinados objetivos y metas.

De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, el objeto fundamental de la banca de desarrollo mexicana es facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación con el fin de impulsar el desarrollo económico. Por esta razón, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), dirige recursos para promover el financiamiento, la administración de riesgos y el desarrollo de capacidades de la población de las zonas rurales.

Con estos recursos y a través de un esquema de operación de segundo piso, la institución pone en marcha diversos programas y estrategias para fomentar, por un lado, la oferta de servicios financieros y técnicos en las áreas rurales, y por el otro, la demanda de estos servicios de parte de los productores y las empresas que tienen condiciones para desarrollar proyectos y actividades económicas rentables. Como resultado de las acciones descritas, se espera que la población rural acceda a créditos y garantías, así como a servicios de asesoría, capacitación, consultoría, entre otros, relacionados con las actividades que llevan a cabo y, con esto, impactar positivamente en su condición económica.

La medición del desempeño y la evaluación son herramientas útiles para que los bancos de desarrollo identifiquen si alcanzan sus propósitos. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece, en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño, que la evaluación del desempeño verifica el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales.

Por su parte, la evaluación es un proceso que busca determinar de la manera más sistemática y objetiva posible la relevancia, eficiencia, efectividad, sostenibilidad e impacto (CEPAL, 2017) de una intervención pública.

*Xóchitl Gil Camacho. Especialista de la Subdirección de Evaluación de Programas. La opinión es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.