Los intocables

Las dudas sobre el destino de Miguel Ángel Osorio Chong en el gabinete peñista quedaron disipadas a principios de este mes, cuando acudió a la Secretaría de Seguridad Pública federal, acompañado por Jorge Carlos Ramírez Marín y Roberto Campa Cifrián, para reunirse con Genaro García Luna, recorrer el Centro de Mando de la Policía Federal y empaparse de los principales planes y programas de esa dependencia, próxima a desaparecer.

El exgobernador de Hidalgo está próximo a convertirse en una especie de supersecretario de orden y gobierno. Los detalles de la propuesta que convertirá a la Secretaría de Gobernación en un poderoso Ministerio del Interior serán revelados, en primera instancia, por el Presidente electo a legisladores del PRI y del Partido Verde, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales este mediodía.

Al cierre de esta edición, todavía se discutía sobre los alcances de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ciernes también estaba la inclusión de un organismo que coordine las acciones del gabinete federal, la división de la Secretaría de la Reforma Agraria y la creación de la comisión nacional anticorrupción, cuyo funcionamiento -hasta donde pudo confirmarse- complementaría el trabajo normativo que realiza la actual Secretaría de la Función Pública.

De estas materias están enterados los abogados Virgilio Andrade y Claudia Ruiz-Massieu Salinas, quienes trabajaron con el equipo del secretario Rafael Ríos Morgan en la compactación de áreas y la distribución de funciones de la nueva instancia que castigará a los malos servidores públicos.

¿Rebase por la izquierda... o robo a la derecha? De la anterior Legislatura queda la propuesta -aprobada por ambas cámaras- de habilitar una fiscalía anticorrupción y todo el esfuerzo realizado por Ricardo García Cervantes. También, la oferta de campaña de Andrés Manuel López Obrador de generar ahorros a la administración pública federal por combate a la corrupción; la meta planteada por el líder izquierdista era salvar 300,000 millones de pesos, aunque no precisamente con sanciones a la burocracia, sino principalmente en función del mejoramiento del proceso de asignación de obras y la licitación de los contratos públicos.

Al margen de la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal está la iniciativa para crear la comisión nacional anticorrupción, instancia que sería responsable de perseguir y sancionar a los servidores públicos sospechosos de haber incurrido en actos de corrupción. Estaría integrada por cinco comisionados. Los candidatos a la Comisión serán propuestos por el Ejecutivo federal al Senado de la República, donde se abriría un proceso de auscultación antes de avalar las designaciones.

Los electos cubrirán un único periodo de siete años en ese cargo y recibiría un sueldo equiparable al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Presidente de la CNA sería electo por el pleno de los comisionados y cumplirá esas funciones durante un trienio, sin posibilidad de reelegirse.

Cualquier integrante de los tres órdenes de gobierno, de los poderes públicos de las entidades federativas, de los órganos autónomos o de particulares. Y el problema es que actualmente ni el Ejecutivo ni el Legislativo tiene facultades para instalar a la nueva Comisión, por lo que se procedería a una iniciativa de reforma constitucional, que presentaría la bancada del PRI en la Cámara Alta, como ya adelantó Emilio Gamboa Patrón.

Resuelto el amargo trance de la reforma laboral y antes de proceder a las reformas estructurales de segunda generación (es decir, la energética y la fiscal), la mayoría priísta tramitará los cambios legales que darán un nuevo rostro a la administración pública; el sello distintivo de la era del nuevo PRI.

El paquete de iniciativas de reforma de la administración pública federal, en palabras de Manlio Fabio Beltrones, busca asegurar la eficiencia de las políticas públicas, consolidar las bases administrativas del desarrollo nacional y garantizar la transparencia, solvencia y legalidad de la gestión pública.

Las iniciativas llegarán al Congreso de la Unión dentro de una semana y deberán quedar listas antes de que Enrique Peña Nieto oficialice a los nuevos secretarios de su gabinete. Esto no podrá ser antes del 29 de noviembre, cuando el Presidente electo regrese de la cumbre que sostendrá con los presidentes de Estados Unidos y Canadá.

Quienes conocen sus estilos recuerdan que cuando estaba por asumir la gubernatura del Estado de México, citó a sus colaboradores la noche anterior. Y en una cena, divulgó los nombramientos. Igual hizo cuando comunicó a los aspirantes a la candidatura del PRI al gobierno mexiquense que Eruviel Ávila sería ungido. Y en una cena, hace tres meses, integró al equipo de transición...

Antecedentes irrefutables del modus operandi de Peña Nieto.

EFECTOS SECUNDARIOS

CONTRAPROPUESTA. Justo cuando se conocen detalles de la iniciativa peñista para crear la nueva comisión nacional anticorrupción, comienza a circular el más reciente cuaderno de Rendición de Cuentas y Transparencia, editado por la Secretaría de la Función Pública, con un estudio comparado realizado por un equipo académico en el que participa Edna Jaime, que demuestra la ineficacia de este tipo de estructuras.