Este sector lo conforman sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), sociedades financieras populares (sofipos) y sociedades financieras comunitarias (sofincos).

Por su ubicación y vocación, las socaps representan una alternativa de inclusión financiera basada en un modelo de trabajo mutuo y alta participación social. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, estas sociedades representan la segunda fuente de financiamiento para las unidades de producción rural en el país, con una participación de 23 por ciento.

Las cooperativas no son entidades públicas, ni privadas. De acuerdo con el Artículo 25 de la Constitución forman parte del sector social de la economía junto con los ejidos, organizaciones de trabajadores, y todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Los principales actores del sector son entidades registradas y supervisadas por la CNBV. Su proceso de regulación inició en 1991 y desde el 2009, la ley que regula las actividades de las socaps las reconoce como parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo, y como intermediarios financieros sin fines de lucro. Gozan de una trayectoria de casi 68 años brindando servicios financieros en México.

Las socaps tienen como premisa captar ahorro principalmente entre la población con menores ingresos, y orientar esos recursos entre aquellos que requieren financiamiento. Generalmente realizan la intermediación financiera en las mismas regiones de origen, con lo que se fomenta la economía local. Adicionalmente, las cajas realizan importantes acciones de educación financiera, fomento del ahorro en los menores y acciones de previsión social.

A diciembre del 2018, existían 157 socaps autorizadas por la CNBV, mismas que atienden a 6.9 millones de socios a través de 2,091 sucursales. El Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2018 señala que las cooperativas aportan 76% de las sucursales ubicadas en municipios rurales con menos de 5,000 habitantes, mientras que en municipios con hasta 15,000 habitantes, estos intermediarios aportan 50% de las sucursales. Esta situación valida la orientación rural y la importancia de las cajas para los municipios con menos población.

*Ana Luisa Estrada Galarza es especialista de la Subdirección de Atención Corporativa a IFNB. La opinión de este artículo corresponde al autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.