Nunca en su historia, nuestro país había padecido un gobierno cuyo único apremio y reflejo es la destrucción. Es algo insólito, cuando se trata de un gobierno emergido de una justa democrática, y que no ofrece una visión de país discernible más allá de un conjunto de lugares comunes, vulgaridades, y frases prefabricadas. Es menos comprensible aún, cuando México había cursado desde los años ochenta del siglo pasado por un claro proceso de desarrollo de instituciones en línea con el mundo globalizado, con los principios básicos de una democracia liberal moderna y socialdemócrata, y de una economía de mercado abierta y eficiente. Fueron cambios que obtuvieron resultados, si bien disparejos, alineados hacia un Estado competente con políticas racionales de seguridad social, redistribución y combate a la pobreza, banca central autónoma, impartición de justicia, educación pública de calidad, competencia y superación de monopolios, información y estadística, transparencia y acceso a la información, derechos humanos, anti-corrupción, sustentabilidad y transición energética, entre otras numerosas cosas. Ciertamente, el proceso de cambio fue insatisfactorio y/o insuficiente en muchos sentidos, y quedaron lastres y lagunas, sobre todo en materia de corrupción, inseguridad, procuración de justicia, debilidad del estado de derecho, persistente pobreza extrema en los estados del sur,  sostenibilidad ambiental, y un magro crecimiento económico, que hubieran tenido que ser subsanados progresivamente en años subsiguientes dentro del mismo cauce o proyecto de desarrollo  moderno, liberal y democrático. Sobre todo, cuando este proyecto no tiene alternativa real, funcional y creíble en un mundo contemporáneo irreversiblemente integrado que no va a renunciar a libertades políticas, individuales y económicas esenciales, y donde las nuevas tecnologías, y la lucha contra el cambio climático configuran nuevas e inescapables estructuras productivas.

El curso de desarrollo seguido desde los años ochenta ubicó a México en la perspectiva de convertirse en una potencia emergente en el concierto internacional, y mejoró de manera objetiva casi todos los indicadores económicos y sociales. Sin embargo, el “modelo” nunca fue compartido y asumido de manera colectiva como el proyecto nacional pertinente y viable por la mayoría de la población. No se creó una nueva narrativa histórica que sustituyera al estatismo revolucionario y confrontara al populismo emergente. Persistieron discursos de descalificación al “modelo” sin nunca ofrecerse alternativas asequibles (entre otras razones, porque no existen), y cundieron calificativos falsamente derogatorios (como “neoliberal”) que calaron hondo en el imaginario colectivo. Así, las reformas, instituciones, y avances de décadas se mantuvieron entre arenas movedizas, manchados por una persistente corrupción, y más tarde probaron ser terriblemente frágiles y vulnerables ante un fuerte brote populista, protagonizado por el hoy presidente López y su partido. Así, su destrucción ha resultado ser inusitadamente sencilla, a manos de alguien aparentemente movido por el resentimiento, la ignorancia, una ideología arcaica, el mesianismo, y la más pura y frenética ineptitud. La revista Nexos ha hecho un comedido  balance de la destrucción llevada a cabo por el gobierno del presidente López (Destrucciones 2018-2020 | Nexos) que dejaría sin aliento al propio Calígula.

Destacan el NAIM en Texcoco; el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios; Licitaciones Petroleras; la Transición Energética; Subastas de Energías Limpias; la política social a través de Prospera – Progresa; el Estado Mayor Presidencial; el Instituto Nacional de Emprendedor; ProMéxico; el Seguro Popular; el Fondo para Enfermedades Catastróficas; la Reforma Educativa; el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación; el sistema de distribución de medicamentos; las estancias infantiles; el Sistema Nacional de Investigadores; instituciones de ciencia y tecnología; el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; la Policía Federal; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; más de 80 fondos y fideicomisos de ciencia, medio ambiente, educación, minería, MIPIMES y desastres naturales; seguro de separación y seguro médico de funcionarios, y 10 subsecretarías de Estado, entre otras muchas cosas. Todo ello, además, del envilecimiento, captura e inutilización de numerosos organismos autónomos del Estado.

El cómo ha sido posible toda esta rabiosa destrucción sin que se hayan activado contrapesos y reacciones relevantes, es algo que aún debe explicarse cabalmente. Lo que es indudable es que la reconstrucción, que será larga, dolorosa y costosa, deberá ser brújula de próximos gobiernos.

@g_quadri

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.

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