Andrés Manuel López Obrador pretende reducir la corrupción quitando los privilegios, el fuero constitucional y bajando los sueldos a los funcionarios de gobierno, así como reestructurando —reduciendo— algunas secretarías y centralizar las compras del gobierno y las delegaciones de las secretarías.

El presidente electo está más preocupado por la austeridad y el control del aparato administrativo federal en un reducido grupo de incondicionales, que por establecer una verdadera estrategia anticorrupción que incluya desde la prevención hasta la fiscalización-sanción; los 50 puntos que fueron difundidos en su mayoría ya se encuentran comprendidos en las leyes mexicanas, AMLO entiende que el problema no son las leyes sino su inaplicación.

Su estrategia resulta muy clara, él y un reducido grupo de sus colaboradores concentrarán las compras gubernamentales y el ejercicio de los recursos de los programas federales en los estados. Al señor Andrés Manuel le gusta el control y la delegación selectiva en algunos de sus amigos-colaboradores.

Sin estar a favor de los privilegios y los fueros, tengo dudas sobre que el bajar los ingresos, los salarios de los funcionarios públicos contribuya a combatir la corrupción, entiendo que un funcionario público bien remunerado que cubre los gastos de la familia sería presa menos fácil de la corrupción.

Irma Eréndira Sandoval, propuesta para encabezar la Secretaría de la Función Pública (SFP), declaró que “el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una mesa burocrática de trabajo donde muy poco se logra”, señala que en el SNA hay un rol minimalista de los ciudadanos y grandes huecos, indica que se debe incorporar al INE, al TEPJF y la FEPADE.

La doctora Sandoval señaló que tres serán las directrices de la SFP: i) prevención de la corrupción; ii) profesionalización y meritocracia en el servicio público; iii) aplicación de sanciones para acabar con la impunidad.

Bajos salarios, concentración del poder, controles y sanciones no me parece que sean los mejores incentivos para acabar con la corrupción; el marco regulatorio mexicano en materia de adquisiciones, obra pública, licencias y concesiones es exhaustivo, a la fecha sólo ha logrado tecnificar la corrupción, hacerla más cara y al alcance de sólo unos cuantos despachos y empresas.

La propuesta teniendo elementos rescatables se queda muy corta; quizá sea la hora de avanzar en un sistema regulatorio menos abultado, más allá de los múltiples controles y requisitos burocráticos insalvables, que de poco han servido para combatir la corrupción.

@ErosalesA

Eliseo Rosales Ávalos

Abogado

Los mismos de siempre

Politólogo y abogado, académico, columnista, presidente de ciudadanos sin partido y orgulloso mexicano.