El dilema de fondo era la lucha entre la libertad

de poseer un arma de fuego y la seguridad de

las personas y sus comunidades.

Poco más de 270 millones de armas en Estados Unidos tienen sus consecuencias: cada 2 horas con 45 minutos un niño muere en ese país por violencia relacionada con armas de fuego… lo anterior significa casi nueve niños diarios muertos o 61 cada semana *.

En ningún país del mundo sucede algo así. Nadie, en su sano juicio, diría que estos números son normales y mucho menos aceptables.

Sabemos, porque en México sufrimos sus consecuencias, que tampoco hay otro país en el mundo industrializado con leyes de control de armas tan retrógradas como las de Estados Unidos.

Sabemos también que en ese país operan organizaciones pro-armas poderosísimas -un ejemplo es la National Rifle Association-, que constantemente impiden algunos esfuerzos aislados de los gobiernos locales por limitar el mercado de las armas para proteger a sus ciudadanos.

Las batallas legales y debates morales al respecto son una constante en la vida pública estadounidense.

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de ese país tenía en sus manos la posibilidad de dar un giro histórico en la forma en que los estadounidenses se relacionan con las armas.

El dilema de fondo era una lucha entre libertad -la libertad de poseer un arma de fuego, derecho que protege la Segunda Enmienda de su Constitución- y la seguridad de las personas y sus comunidades.

El debate me recordó lo que sucedió hace pocas semanas en la Suprema Corte mexicana, donde se discutió el caso de la tragedia registrada en la guardería ABC, de Hermosillo.

Si recordamos lo que sucedió en aquella ocasión, los ministros tenían la posibilidad de dictaminar en un sentido progresista, cambiando la línea predominante de pensamiento en un sentido positivo.

Tenían la oportunidad de dar un salto cualitativo que podría haber fortalecido la rendición de cuentas en México y mejorar, con esa sola decisión, la vida cotidiana de los mexicanos.

En Estados Unidos estaba en juego lo mismo.

La decisión de la Suprema Corte podría haber dictaminado en sentido positivo, reconociendo la facultad de los estados de imponer restricciones y límites a la compra y posesión de armas de fuego.

El referente inmediato era la prohibición de portar armas en la ciudad de Chicago, que opera desde 1983 y que ha salvado miles de vidas.

Y más allá de lo que sucede dentro de las fronteras estadounidenses, la decisión de la Corte hubiera sido un paso en la dirección correcta para frenar el inmenso tráfico ilegal de armas que permite operar a los grupos de crimen organizado en nuestro lado de la frontera.

Pero no. La Suprema Corte estadounidense decidió que los estados no pueden interferir con el derecho que protege la Segunda Enmienda. Algunos de los argumentos fueron, además, anacrónicos hasta la risa… ciertos jueces se refirieron a la Guerra Civil estadounidense y usaron palabras como mosquetes y milicianos .

Los opositores respondieron que poco tienen que ver los mosquetes con la realidad del crimen en las metrópolis de la actualidad y que se debía hacer algo importante para prevenir las 60,000 muertes anuales que ocurren en ese país por la violencia que generan las armas. Pero la decisión estaba ya tomada, cinco contra cuatro, los jueces estadounidenses decidieron que ellos -y ya nosotros de paso- sigamos inundados en armas.

* Información del Centro Nacional de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés).

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