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Insabi no quiere pagar y Función Pública interviene

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que para el 1 de diciembre del 2020, el Instituto de Salud para el Bienestar estará operando y todos los servicios y medicamentos que ofrezca serán completamente gratuitos. Foto EE: Archivo
Si en algo ha sido consistente el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) desde su nacimiento hace un año es en diferenciarse del Seguro Popular, pero para mal en todos los sentidos.
Es obvio que sus retrasadas reglas de operación no le han servido para operar eficientemente. Y ello se ha evidenciado con claridad en la plataforma de pago a proveedores que no ha terminado de funcionar bien y ha derivado en un desorden inocultable. El responsable de compras en Insabi, Alejandro Calderón Alipi, no sólo ha detenido los pagos del 2020 y parte del 2019, sino que quiso imponer condiciones absurdas y fuera de contrato a sus proveedores.
La cosa llegó al grado de que tuvo que intervenir la secretaria de la Función Pública de Irma Eréndira Sandoval, advirtiéndole al Insabi que no puede incurrir en ilegalidad. El punto es que el Insabi tendrá que resolver los entuertos que solito ha armado para no entorpecer el de por sí maltrecho abasto de medicamentos, al menos de aquí a que UNOPS logre de una vez por todas la megalicitación pendiente que se espera resuelva el abasto para todo el sector salud.
Debe transparentar el ejercicio de recursos
Enmedio de tantos problemas luego nos perdemos, pero es muy importante, y no cejaremos en exigirlo, que el Insabi a cargo de Juan Ferrer transparente el ejercicio de recursos, específicamente del otrora fondo de gastos catastróficos, hoy fondo Insabi. En el 2020 se tomaron 40,000 millones de pesos y para este 2021 el Legislativo le autorizó tomar otros 33,000 millones de pesos. Tiene que informarse en qué se han utilizado.
¿Cuál es la manera de conocer el uso transparente del dinero ejercido de dicho fondo Insabi? Recordemos que 11% de dichos recursos provienen de la cuota social, es decir, fue dinero aportado por los afiliados en años anteriores.
Si el dinero fue usado para atender Covid o para comprar vacunas u otros insumos, tienen que reportarlo peso por peso y verificar su legalidad.
Todos los mexicanos que pagamos impuestos tenemos que conocer el saldo de recursos del Fondo INSABI el 1 de enero de 2020 y al 31 de diciembre pasado.
Y los 8 no adheridos ¿cómo le están haciendo?
Respecto a la compra consolidada de medicamentos por el INSABI, aquellos estados que decidieron participar parcialmente y sobre todo los no adheridos, ¿a qué normativa se están apegando para la compra de medicamentos e insumos médicos?
Para fines de la comprobación del gasto de los recursos federales ¿hay precios de referencia distintos a los del compendio de medicamentos? Y en caso de ser así, ¿cuál es el fundamento normativo aplicable para dichos precios?
¿Con base en qué normas o reglas están actuando los estados no adheridos para definir costos y otorgar la cobertura de intervenciones?
Respecto a los estados adheridos, ¿cuál es el estado que guardan aquellos servicios transferidos, definidos por las propias entidades, que fueron cedidos al INSABI?
Ya es hora de que el Insabi muestre el estatus en algún mapa o gráfica que permita conocer cómo están llevando el control de la salud de los 24 estados de la República adheridos y los resultados que están obteniendo.
Así como están las cosas, con tanta opacidad que ha caracterizado al Insabi en su corta existencia, es de preocupar que sea justamente la instancia del Gobierno mexicano que firmó el acuerdo con UNOPS para las licitaciones de medicamentos, material de curación y dispositivos médicos que se estarán llevando delante de aquí al 2024.
El organismo multilateral depende de que el Insabi de verdad le garantice tener el presupuesto para concretar la compra. Una cosa segura es que si UNOPS no tiene en su control los recursos para pagar a los proveedores, no concretará contratos anuales ni firmará órdenes de compra con las empresas ganadoras. Y ello hace temer que siga retrasándose la de por sí insuficiente y rezagada compra para el abasto de insumos del sector salud este año.
Reunión UNOPS con farmacéuticos
Pues por más que los directivos de la UNOPS condicionaron a los representantes de la industria farmacéutica a que en su reunión de la semana pasada no se hablara de la megalicitación en curso, realmente no fue posible. Y es que sencillamente dicha megacompra es la única razón que les une y por la que los potenciales proveedores insistieron en una audiencia.
Nos dicen que fueron muy cordiales las reuniones del coordinador regional adjunto de UNOPS, Giuseppe Mancinelli, por separado con representantes de las principales asociaciones empresariales del sector: Canifarma, Anafam, Amelaf, AMIIF y también de la Asociación Mexicana de Dispositivos Médicos (AMID) que lleva Fernando Oliveros. Con el representante de Amelaf, Juan de Villafranca,
La carta del CCINSHAE sobre ivermectina y azitromicina
En medio de la desesperación por sacar adelante esta incontrolable pandemia en México, se exacerbó la controversia entre médicos y especialistas sobre el uso del antiparasitario ivermectina y el antibiótico izatromicina para tratar Covid19. Pero ese debate se ha dado a nivel mundial. La red de Institutos de Salud de Estados Unidos había avalado a la ivermectina y después se echó para atrás.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México desplegó un respaldo abierto a ambos tratamientos contra Covid, pero la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica y el Colegio Mexicano de Medicina Crítica desaconsejaron su uso en respectivos comunicados. E igualmente la Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) que lleva Gustavo Reyes Terán emitió un abierto rechazo a esa decisión del Gobierno capitalino. Y esos desencuentros se ven en otros países. El punto es que hoy no existe una opción real y probada contra la enfermedad Covid19 en ninguna parte del mundo.

