El último eslabón

El gobierno de México es uno de los principales promotores del Acuerdo de París, que justo dentro de un mes entrará en vigor. Pero una de las cosas que poco se difunden y que sí importan es que Patricia Espinosa Cantellano, quien estuvo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el tramo final del sexenio calderonista, es la jefa de la oficina de las Naciones Unidas que se encargó de conducir las negociaciones.

Antier, la embajadora Espinosa informó que 72 países -que representan a 56.75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero- ya se habían adherido al histórico acuerdo, con lo que quedaban rebasados los dos umbrales trazados desde el inicio de este arduo proceso: abarcar al menos 55 países y más de 55% de las emisiones globales.

Los especialistas habían calculado que el proceso de ratificación tomaría al menos dos años y eran escépticos por las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La diplomática mexicana cumplió con la tarea justo cuando el ex primer ministro portugués, António Guterres, resultó electo como próximo secretario general de la ONU. La cumbre climática este año tendrá lugar en Marruecos dentro de ocho semanas. El objetivo global de ofrecer una economía de cero emisiones netas este siglo iría, de acuerdo con estas evidencias, por buen camino.

Sin embargo, la activación del acuerdo proporcionaría un nuevo impulso para una serie de tendencias globales, incluyendo el despliegue de cada vez más ambiciosas políticas nacionales sobre el clima, el aumento de la inversión en tecnologías limpias y la infraestructura verde, y la legislación que rige los proyectos de combustibles fósiles más estrictas.

El vértice en el que confluyen los temas medioambientales y económicos justamente es en el uso de las energías limpias. Y en su impulso, México ha tomado un rol protagónico. El 16 de agosto, el gobierno federal anunció el arranque de un nuevo sistema de emisiones -también conocido como cap-and-trade por su acepción en inglés- que, si supera la fase de pruebas que iniciará dentro de un mes, permitirá la emisión de permisos comerciales para emisiones libres de carbono en el 2018.

Y a finales de agosto, en el marco de la segunda Cumbre sobre Cambio Climático de las Américas, el gobierno mexicano suscribió una declaración conjunta con las provincias de Ontario y Quebec para identificar oportunidades hacia un mercado de carbono.

Los detalles del piloto del ETS no son públicos pero los expertos que han dado seguimiento a este asunto consideran que podría erigirse en una carga económica potencialmente significativa. Las autoridades mexicanas no han explicado, por otra parte, cómo podrían vincular su cap-and-trade con los sistemas de las provincias canadienses y para la Iniciativa Climática del Oeste (WCI), el mercado de carbono más grande de Norteamérica y el segundo más grande en el mundo.

Los compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones a los que México está adscrito son muy ambiciosos y su vinculación con Canadá y Estados Unidos emerge como una opción orgánica para cumplir con las metas, tanto para la emisión de los nuevos certificados de energía limpia (CEL) como para la reducción de emisiones de carbono y las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por su sigla en inglés).

Y en lo interno, la Ley de Transición Energética se presenta como el último eslabón de la reforma energética. Aprobada por el Congreso mexicano hace 10 meses, la nueva legislación establece regulaciones más sólidas para el uso sostenible de la energía, así como obligaciones en cuanto a energía limpia y reducción de emisiones, que incluye la meta de generar 25% de electricidad a partir de energía limpia para el 2018.

Es un hecho: acaba de ocurrir la segunda subasta de energía eléctrica bajo el nuevo marco regulatorio. La subasta asignó más de 80% en proyectos de potencia, energía y certificados de energías limpias; esto significa que la nueva capacidad instalada de los proyectos será de 2,871 megawatts, lo cual constituye una inversión estimada de 4 billones de dólares, datos que duplican la asignación de la primera subasta que se realizó en abril: 1,720 MW, cuya inversión se estimó en 2.1 billones de dólares.

La transformación de la CFE es el gran pendiente por definir.

EFECTOS SECUNDARIOS

TRANSGRESIONES. Las instancias ambientales van en la misma ruta que la autoridad aeronáutica, en el caso del allanamiento del arrecife Los Alacranes: el piloto de heliservicios y el arrendador de sus servicios -el empresario Emilio Díaz Castellanos- son susceptibles de sanciones, al igual que el propietario y el patrón (sic) de la embarcación, que el pasado 30 de septiembre fondeaba en los márgenes de lo que (ahora) se conoce como Isla Blanca, en el Parque Nacional. Los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inspeccionaron la zona y averiguaron que el yate corresponde al nombre de Maharani, también propiedad del presidente de Grupo Dicas, quien -como adelantó este espacio- desde el pasado domingo 2 asumió la responsabilidad de los hechos y propuso un convenio de compensación y reparación de daños al delegado de la Profepa en Yucatán, José Lafontaine Hamui, quien se enteró de ese ofrecimiento hasta el día siguiente.