Apenas había asumido su cargo, en un discurso en La Matanza, Cristina Kirchner cuestionó el porcentaje de coparticipación federal que recibe la Ciudad de Buenos Aires. Dijo que era injusta e inequitativa.

Hace unas semanas, el presidente anunció, en consonancia con su vicepresidenta, que recortará por decreto los fondos coparticipables que recibe la capital.

Es cierto que la coparticipación que recibe la ciudad es injusta e inequitativa, pero en su perjuicio. Es, junto con la que recibe la provincia de Buenos Aires, muy inferior a la que debería corresponderle por su aporte a la masa coparticipable. Mauricio Macri corrigió parcialmente esa inequidad, aumentando el coeficiente para el distrito porteño. No lo hizo caprichosamente, sino para que la ciudad pudiera atender con recursos propios la transferencia de la policía local.

La decisión del presidente Alberto Fernández tiene un motivo claro: castigar a los porteños, que mayoritariamente, a lo largo del tiempo, han votado opciones políticas distintas del kirchnerismo. Ya Néstor Kirchner expresaba su desagrado con esa ciudad rebelde e instaba a los “capitalinos” (ni nuestro gentilicio usaba) a plegarse al resto de la nación, es decir, a él mismo.

Agitan, además, una falsa dicotomía entre Buenos Aires y el interior. Esa sí fue una enorme grieta en el siglo XIX, pero hoy es absurdo resucitarla. La reforma constitucional de 1994 le otorgó a Buenos Aires, al incorporar el artículo 129, un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción.

Lejos de ponerla por encima de los demás habitantes de la Argentina, pretendió igualar a los porteños con ellos en sus derechos políticos. El proceso de la autonomía ha ido avanzando trabajosamente. Un hito importante fue la transferencia de la policía. En materia jurisdiccional, resta mucho para completar ese camino. No hay razón constitucional alguna para que los fueros ordinarios, no federales, no pertenezcan al ámbito de la ciudad, como pertenecen a todas las provincias.

Pero ese proceso requiere recursos. Por tal motivo, el constituyente de 1994 señala: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires, en su caso”.

De ahí que el decreto que se anuncia sea groseramente inconstitucional. Si Fernández quiere que los recursos del gobierno porteño, como ya ocurre con los haberes de los jubilados, queden a la merced de su lapicera, pretende violar la Constitución.

La cláusula tercera del artículo citado determina que la distribución de la coparticipación entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires “se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades”.

Es decir que la regla general es el criterio objetivo de reparto. Por cierto, no se trata de una distribución meramente matemática, porque ese criterio puede corregirse en parte por razones solidarias para beneficiar a otros distritos, pero el principio básico es la objetividad y no la arbitrariedad.

El discurso inaugural del presidente alentó la esperanza de que el peronismo pudiera mitigar sus viejas mañas y que respetara a los de ideas distintas. La ilusión duró muy poco. El unanimismo de siempre prevalece.

@enriquezjorege