La manera como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) perdió de facto su autonomía, incluso con un proceso cuestionado de relevo de su presidencia, no generó mayor reacción entre la opinión pública que simplemente lo dejó correr como parte de la Cuarta Transformación.

Y más allá de la gran falta que ha hecho esta instancia en poder ayudar a los ciudadanos ante la clara impericia y negligencia del gobierno federal para manejar la pandemia o ante no pocos casos de abuso por parte de las fuerzas armadas, lo más significativo fue la pérdida de la independencia de una institución que sufrió mucho para lograr esa voz crítica que tenía ante los abusos del poder.

En el camino, muchas otras instituciones autónomas han corrido la misma suerte. La alineación a los intereses del Ejecutivo se ha dado de forma sutil o muy evidente, como en el caso de las instancias encargadas de la regulación del sector energético.

El poder Legislativo ha confundido el hecho de ser mayoría con la realidad de ser sumisos y el poder Judicial está en un dilema. Con temor, hay que esperar la resolución del caso Salgado Macedonio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para comprobar un alineamiento.

Hay instituciones que le han costado mucho trabajo al país, que han marcado la diferencia entre el México de la dictadura perfecta y esa nación de estabilidad y democracia. No puede estar en duda su supervivencia como organismos autónomos al enorme poder del Ejecutivo.

México mantiene muchos soportes que le dan el estatus de ser una nación democrática, institucional y de libertades. Son menos que hace tres años, pero todavía suficientes. Hay dos que destacan por su importancia, el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral.

El Banco de México sigue navegando por aguas tranquilas, porque la estabilidad financiera lograda por décadas en este país le da un margen para que la inflación no sea esa calamidad de antaño y tenga entonces que tomar decisiones contrarias a una política populista de expansión económica artificial.

En el caso del Instituto Nacional Electoral, era previsible que este año de elecciones federales fuera más intenso y de mayores presiones desde la cúpula del poder Ejecutivo. Pero, entre los malos resultados sanitarios, económicos y de seguridad pública que enfrenta el país, la presión de una eventual derrota del partido gobernante se ha traspasado al árbitro.

Todo este capítulo bochornoso de Félix Salgado Macedonio precipitó lo que ya estaba claro: este gobierno se quiere hacer del control del órgano electoral.

Hoy sabemos que el gobierno mexicano pudo haber evitado la muerte de más de 190,000 personas en medio de la pandemia de Covid-19. Y una forma de haberlo logrado habría sido con las recomendaciones a las negligentes autoridades de salud, con valentía, autonomía y puntualidad por parte de la CNDH, pero hoy ya no existe como tal.

Este país no puede permitir que los árbitros electorales sean otro club de fans que lo permitan todo. En eso nos va la estabilidad social, política y económica del futuro.

enrique.campos@eleconomista.mx

Enrique Campos Suárez

Conductor de Noticieros Televisa

La Gran Depresión

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Periodismo por la Universidad Anáhuac.

Su trayectoria profesional ha estado dedicada a diferentes medios. Actualmente es columnista del diario El Economista y conductor de noticieros en Televisa. Es titular del espacio noticioso de las 14 horas en Foro TV.

Es un especialista en temas económico-financieros con más de 25 años de experiencia como comentarista y conductor en radio y televisión. Ha formado parte de empresas como Radio Programas de México, donde participó en la radio empresarial VIP. También formó parte del equipo directivo y de talento de Radio Fórmula.

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