La semana pasada, en Japón, los electores reprobaron severamente la política monetaria del Banco de Japón (BoJ) que encabeza Masaaki Shirakawa. Su némesis, el exprimer ministro Shinzo Abe, seguramente, será designado Primer Ministro después de que la coalición que encabeza capturara más de dos terceras partes de las posiciones de la Cámara Baja del Congreso. El tema principal de la elección y en la agenda del nuevo gobierno será cómo terminar con la deflación y el estancamiento que ha caracterizado a Japón desde principios de los 90, cuando colapsó su burbuja financiera. Abe coincide con muchos críticos académicos del BoJ, que atribuyen gran parte de este problema al fracaso del banco central en su mandato de estabilizar el nivel de precios.

Durante los 80, la tasa de inflación de Japón promedió 2%; sin embargo, de 1998 a la fecha, la tasa de inflación anual promedio es -0.3% y el nivel de precios es 4% menor que el de 1998. De haberse mantenido en la trayectoria anterior, el nivel de precios sería 32% superior que el de entonces. En este contexto, ha resultado excesivamente costoso el proceso de desendeudamiento privado que siguió al colapso de la burbuja, y, de continuar, hará imposible pagar la enorme deuda pública de Japón. Las condiciones monetarias relativamente restrictivas de este periodo han generado una sobrevaluación crónica del yen. De acuerdo con un estudio reciente de Goldman Sachs, la sobrevaluación del yen supera 30 por ciento. Sin crecimiento demográfico debido al envejecimiento de la población y sin competitividad en los mercados globales, la economía está estancada.

Durante mucho tiempo, el BoJ ha adoptado un objetivo numérico de inflación. Apenas hace unos meses que comenzó a moverse tímidamente en esta dirección, después de más de 14 años de deflación. Ahora supone que su mandato de estabilidad de precios es consistente con una tasa de inflación de 2%, similar a la meta de la Fed, del BCE y del Banco de Inglaterra. El objetivo inmediato es una tasa de inflación de 1%; sin embargo, se trata de una meta técnica adoptada por el propio BoJ, independientemente de las autoridades políticas y no sujeta a sanción en caso de incumplimiento. El nuevo gobierno ha decidido cambiar los términos del contrato social con el BoJ, que lo obligará a adoptar una meta de inflación explícita (2 o 3%), y le hará responsable de alcanzarla. Seguramente en marzo, cuando vence el encargo del Gobernador actual del BoJ, el nuevo Primer Ministro nombrará otra persona que simpatice con esta visión, alguien al estilo de Bernanke.

¿Está en riesgo la independencia del BoJ? Todo depende de qué se entienda por independencia de un banco central. Existen buenas razones teóricas y empíricas para otorgarle autonomía, aunque en una sociedad democrática, ésta no puede ser absoluta. La naturaleza del mecanismo de transmisión de la política monetaria a la economía que opera en el mediano plazo hacen recomendable asignar esta tarea a una institución autónoma, libre de la presión política de corto plazo. Sin embargo, el BC no puede fijar el objetivo de la política monetaria y, como cualquier otra institución público, debe ser evaluado por el cumplimiento del objetivo asignado.

La propuesta de asignar al BoJ un objetivo de inflación explícito y hacerlo responsable de cumplirla no viola la autonomía de un BC en la implementación de la política monetaria.

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