Desde diciembre del año pasado, el outsourcing y los posibles cambios en su regulación habían tenido apariciones más bien discretas en la agenda pública. No obstante, esto cambió la semana pasada, cuando la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, anunció que prosiguen las negociaciones con respecto a este tema y que muy pronto se llegará a un acuerdo.

Esto significa, en primer lugar, que es altamente probable que haya un cambio en la definición legal de la tercerización antes de que termine el actual periodo legislativo. Por otro lado, es claro que, contra la opinión de numerosos expertos, el Congreso de la Unión trabajará sobre la iniciativa que el Poder Ejecutivo diseñó en esta materia.

En noviembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviaría a la Cámara de Diputados una iniciativa en la que se elimina la subcontratación de personal y donde se regula tanto la prestación de servicios especializados como las agencias de colocación.

Inmediatamente después, distintos miembros del sector privado, así como representantes de órganos económicos y comerciales internacionales señalaron que acabar con el outsourcing dificultaría gran parte de las actividades productivas del país y que constituiría un obstáculo insalvable para poder crear trabajos formales y, de ese modo, empezar a salir adelante de la precaria situación a la cual nos condujo la pandemia y la respuesta por parte de las autoridades. En consecuencia, el Gobierno decidió abrir un espacio de diálogo con algunos miembros de la industria privada para llegar a un acuerdo. Las discusiones se concentran, sobre todo, en tres grandes puntos:

En primer término, sigue pendiente establecer cuál sería la “vacatio legis” de la reforma, es decir, cuánto tiempo habría de transcurrir entre su publicación y su puesta en vigor. Dado que la subcontratación es un modelo legal al que recurren intensivamente tanto empresas privadas como dependencias públicas, terminar con ella supone un cambio de raíz de la estructura laboral y productiva mexicana. Se tendría que dar un tiempo razonable para que, en caso de que prospere la reforma, se puedan hacer los ajustes necesarios.

Por otra parte, no se ha definido con claridad cuál es la diferencia legal entre intermediarios, servicios especializados y empresas de subcontratación, puesto que dicha definición está sujeta a las actividades primordiales y a la razón social de una unidad económica. Hay una amplia gama de servicios (como la logística, el almacenamiento, las asesorías jurídicas, las auditorías y manejo de nuevas tecnologías, por citar sólo algunos ejemplos) que muchos negocios no pueden realizar internamente.

Finalmente, junto con el tema de la subcontratación, se está buscando modificar el esquema en la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) de las empresas, esto es, el reparto de utilidades.

Sin embargo, es muy importante señalar que desde un inicio hubo distintas voces (como la de TallentiaMX) que mantuvieron una actitud crítica ante estas pláticas, debido a que resultaba muy dañino para la economía y el empleo de México trabajar sobre una base que prohíbe un modelo de creación de empleo ampliamente difundido en el mundo y con múltiples beneficios para todos los sectores de nuestra economía.

En cualquier contratación deben cumplirse con las obligaciones fiscales y laborales que marca la ley. Para ello, las autoridades tienen que supervisar adecuadamente y, tal vez, sería positivo hacer algunos cambios que permitan estandarizar y transparentar la industria de la tercerización. Pero acabar con ella perjudica a las autoridades, a las empresas y a los trabajadores.

El Ejecutivo Federal todavía está a tiempo de rectificar y de diseñar una propuesta que, sin tolerar los comportamientos abusivos, permita que prospere la subcontratación responsable, legal y profesional. De no ser así, corresponderá al Poder Legislativo desempeñar su tarea con responsabilidad y buscar una salida que no ponga en riesgo la productividad del país, la integración comercial de América del Norte y, sobre todo, a miles de empresas y millones de trabajadores mexicanos, a los que supuestamente se busca proteger.

*El autor es director general de TallentiaMX.