Los trabajos para la instalación y operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) siguen navegando sin barco y sin rumbo. El fantasma del SNA camina sobre un campo de corrupción y podredumbre.

A pesar de que las piezas del Sistema se han ido sumando: i) la instalación del Comité Coordinador, al que le falta el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, proceso entrampado en el Senado; ii) en un proceso muy contaminado se eligió al secretario técnico; el Comité de Ciudadano del SNA no tiene un edificio SEDE, ni acceso a recursos públicos.

A nadie en el gobierno federal y en los partidos políticos le interesa impulsar los esfuerzos del Estado mexicano para prevenir, atender y erradicar el cáncer corruptivo, los plazos impuestos por las leyes especiales se han cumplido a regañadientes, con más pena que gloria.

Los senadores Pablo Escudero y Emilio Gamboa han sido omisos en proponer una agenda amplia para implantar el SNA; el gobierno federal, a través de la maestra Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, no se ha involucrado como se requiere, del resto del Comité Coordinador muchos menos. Por cierto, en la SFP se creó una Unidad de Vinculación con el SNA, cuya responsabilidad recayó en el joven abogado Íñigo Fernández Baptista.

En este complicado camino un puñado de organizaciones han sido las más activas, Transparencia Mexicana, Imco, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el CIDE acompañaron el proceso desde el inicio. Mauricio Merino indicó que sólo participan estas organizaciones porque otras no hemos querido involucrarnos. Lo cierto es que estas organizaciones tienen representantes en el Comité que selecciona a los miembros del Comité Ciudadano y por supuesto en el Comité Ciudadano. El ex auditor superior de la Federación Arturo González de Aragón advirtió que el origen institucional crea claramente conflicto de intereses.

El 8 de junio la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, anunció que se capacitará a 14,000 funcionarios por educación a distancia. Querido lector, casualmente el proveedor de los contenidos del curso son nuevamente el CIDE y IEJ-UNAM, aunque a ambas instituciones le sobran especialistas para hacer el curso, es poco aseado que no se cuiden estos detalles, que claramente configuran conflictos de intereses.

Ni los directivos del CIDE, del IEJ-UNAM ni la secretaria de la Función Pública se han percatado de que se encuentran promoviendo un conflicto de intereses.

Twitter: @ErosalesA