Cómplices de la Red Compartida

La Red Compartida tenía la obligación inicial de llevar conectividad de banda ancha a al menos 92.2% de la población en 2024, pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó prorrogar esa obligación de cobertura a más tardar el 24 de enero de 2028, sin hacer un estudio costo-beneficio del proyecto ni del uso eficiente del espectro radioeléctrico asignado al mismo. 

La Red Compartida tardará al menos cuatro años más en desplegar la infraestructura para llevar servicios de telecomunicaciones a las regiones y comunidades más apartadas del país, dejando a los mexicanos que viven en esas localidades excluidos del desarrollo y el bienestar digitales, sin el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales habilitados por las tecnologías. 

La prórroga también afecta los objetivos de conectividad e inclusión digital universal del gobierno del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación: en lugar de alcanzarse la meta de cobertura en 2024 cuando concluye el sexenio, el hito final de la Red Compartida se “alcanzará” hasta la siguiente administración. 

AMLO y la 4T apostaron por la Red Compartida para el proyecto prioritario de Internet para Todos y de la empresa pública de telecomunicaciones subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, pero la prórroga a las obligaciones de cobertura social de Altán Redes es la confirmación de un fracaso anunciado. 

El gobierno de la 4T no ha confiado ni ha visto en la industria privada de las telecomunicaciones una aliada natural para el desarrollo y la transformación digital de México, que ya aporta 100% de la inversión en el sector, pero sí ha creído ingenuamente que la Red Compartida puede ayudarle a cerrar la brecha digital. 

El desarrollador y operador de la Red Compartida es Altán Redes, quien ganó la licitación y se adjudicó el contrato para instalar la red, utilizando en arrendamiento la totalidad de la banda de 700 MHz. 

El modelo es muy peculiar porque la concesión y titularidad para explotar la banda de 700 MHz no la tiene el operador Altán Redes sino el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), organismo descentralizado coordinado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). 

A través de un contrato de asociación público-privada, el Promtel aporta a Altán Redes la banda de 700 MHz bajo la figura de arrendamiento. Esta renta del espectro está sujeta al “cumplimiento permanente” de dicho contrato, la concesión y la legislación en la materia. 

Altán Redes sólo puede prestar servicios mayoristas sin discriminación a otras empresas y no servicios minoristas al consumidor final. Actualmente, la Red Compartida tiene 112 clientes u Operadores Móviles Virtuales que ofrecen sus servicios a cinco millones de usuarios finales.  

La instalación de la Red Compartida inició en 2017, cuando la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones ordenaba que iniciara en 2014, por lo que el atraso ha sido una constante de ese proyecto. 

Actualmente, Altán Redes se encuentra en concurso mercantil y en proceso de reestructuración financiera. La prórroga hasta 2028 para alcanzar el objetivo de cobertura social fue porque Altán Redes argumentó impedimentos materiales y económicos para cumplir con sus compromisos de cobertura. A más tardar el 30 de noviembre de 2022 deberá cubrir 70% de la población nacional, cuando el contrato estipulaba que debía lograrse en 2021.

Los 90 MHz en la banda de 700 MHz, en lugar de haberse puesto a disposición del mercado y licitado a los operadores móviles de telecomunicaciones, se adjudicó a la Red Compartida. 

La principal característica de la banda de 700 MHz es su capacidad de propagación y de cobertura social. Los países que ya licitaron la banda de 700 MHz -Chile, Brasil, Colombia, entre otros- tienen una mayor digitalización y penetración de servicios móviles que México, que prefirió asignarla a la Red Compartida que, desde el principio, ha sido cuestionada en su viabilidad y modelo de negocio. 

La Red Compartida se vende a sí misma como “el proyecto más grande de telecomunicaciones en la historia de México”, “único en el mundo” y “transformador de las telecomunicaciones en México”, con el objetivo de cerrar la brecha digital, pero en realidad ha cumplido muy pocas de sus expectativas. 

El IFT aprobó de forma inopinada la solicitud de prórroga de Altán Redes y del Promtel para el cumplimiento de sus obligaciones de cobertura. El título de concesión del Promtel incluye un solo párrafo de sanciones. Dice que es causal de revocación “el incumplimiento de las obligaciones de cobertura”. Es evidente que ambos socios ya incumplieron sus hitos de cobertura, aunque el IFT apruebe modificaciones al calendario. 

Uno de los principales objetivos legales del IFT es promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico.

El IFT no está haciendo una evaluación del proyecto de la Red Compartida y el cumplimiento de sus objetivos de cobertura social, tampoco de la viabilidad financiera del mismo y su desarrollador, mucho menos del uso eficiente de la banda de 700 MHz (claramente subutilizada), ni un análisis costo-beneficio social de preservar ese espectro en poder de Altán Redes y el Promtel versus el mercado de operadores móviles.  

En un principio al IFT le correspondió otorgar el título de concesión para usar, explotar y aprovechar la banda de 700 MHz para la Red Compartida, ahora le corresponde supervisar objetivamente si ese uso es el más eficiente. Al prorrogar el calendario de cobertura de la Red Compartida, el IFT se convierte en cómplice y testigo silente del incumplimiento y del resultado futuro de ese proyecto que presume ser el “más grande, único y transformador”.

Twitter: @beltmondi