Como sabemos, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no atiende a una ocurrencia, es una necesidad nacional que exige atención impostergable.

Desde el 22 de octubre del 2001, ante la saturación de la terminal aérea de la capital mexicana, el entonces presidente Vicente Fox Quesada anunció la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, en el Estado de México, para lo cual, se dispuso a expropiar más de 5,000 hectáreas, ubicadas, prioritariamente, en el municipio mexiquense de San Salvador Atenco.

En consecuencia, los poseedores de aquellas tierras, armados con machetes y palos, se sublevaron inconformes ante la abusiva indemnización de 7.20 pesos por metro cuadrado que el gobierno federal pretendía pagarles. Las protestas alcanzaron tal magnitud, que un año después la Presidencia de la República informó que revocaría los decretos expropiatorios. De esa manera, quedó evidenciada la falta de capacidad política de aquel gobierno que, sin agotar el diálogo y la concertación, se dio por vencido.

Años después, al llegar al poder, el presidente Enrique Peña Nieto se dispuso a resolver los temas que sus antecesores, con indiferencia, dejaron en el tintero. Así, desempolvó el proyecto del nuevo aeropuerto y comenzó a trabajar en ello.

La infraestructura aeroportuaria de la Ciudad de México actualmente sólo permite atender a 34 millones de pasajeros al año, pero se estima que para el 2020 esta cifra puede incrementarse hasta 70 millones de usuarios. Gran cantidad de ellos son extranjeros. El aeropuerto es nuestra puerta al mundo y merecemos un espacio que nos dignifique ante la comunidad internacional. ¿Es tan difícil comprenderlo?

El gobierno del presidente Enrique Peña tejió fino, e inició la construcción del NAIM en el 2014, sin oposición alguna. El antes violento Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, integrado por pobladores de aquella región, se mantuvo en paz.

Sin embargo, la contienda electoral de julio pasado impulsó al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador a oponerse a la construcción de la nueva terminal aérea. Percibió que eso le traería votos y, en primera instancia, anunció que cancelaría el proyecto. El hoy presidente electo, para sostener su teoría, argumentó elevados costos e inconveniencias técnicas del suelo. Esto generó inconformidad en un sector importante de mexicanos, sobre todo del sector empresarial. Posteriormente, decidió que, de ganar la presidencia de la República, el destino del NAICM se resolvería mediante una consulta popular.

La fecha se aproxima, estamos a 18 días de la consulta y los mexicanos aún no sabemos cómo se realizará. Hay múltiples dudas sin respuesta y, lo que es peor, existe confusión incluso entre quienes participarán en el proceso. En el programa de Ciro Gómez Leyva, por la Mañana, el prestigiado periodista conversó con el doctor Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, la cual se encargará del cómputo de los resultados. El doctor mencionó que la consulta duraría cuatro días. Ante ese comentario, el entrevistador le dijo que tenía entendido que sólo se haría el domingo 28 de octubre. El doctor respondió que tenía otra información, pero que lo aclararía con el equipo del licenciado López Obrador. De este tamaño es la desorganización que prevalece en el próximo gobierno.

El destino del NAIM no merece decidirse a través de una consulta informal y precipitada. Los mexicanos esperamos del próximo gobierno seriedad y profesionalismo. Nuestro futuro presidente aún está a tiempo de rectificar y realizarla en un mejor momento, o bien, desistir de ella y atender las opiniones de múltiples expertos que han sostenido la viabilidad de su construcción en Texcoco. Muchos de nosotros se lo reconoceríamos y, como él mismo ha dicho: “Es de sabios rectificar”.

@Ernesto_Millan

Ernesto Millán

Columnista

Molinos de Viento

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha ocupado diferentes cargos en gobierno federal, estatal y municipal por más de 20 años. Es Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y Consejero Jurídico de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C.