La doctora Ana Paulina Sánchez Palafox apareció en una foto acompañada de otra doctora que sostenía un pie amputado a un paciente del Hospital 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, Nuevo León. En la foto es imposible identificar al paciente. Fue en marzo de 2017. Ardieron las redes sociales. Ardió Mikel Arriola, entonces director del IMSS. La doctora fue despedida de inmediato, sin verificación de por medio y sin considerar el obligado contexto, como que el IMSS no cuenta con normas sobre el uso de redes sociales de su personal o que Sánchez Palafox no fue responsable ni de tomar la foto ni de difundirla en redes. Arriola quería ser implacable. Se puso en marcha la maquinaria del Estado para aplicar el peso de la ley. 18 meses después, esto tenemos:

1. La Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 20, con sede en Guadalupe, Nuevo León, determinó que Sánchez Palafox fue despedida de manera injustificada. Se violentaron sus derechos laborales. El IMSS pagará salarios caídos e indemnización. Sánchez Palafox tampoco violó el juramento hipocrático, sobre la conducta ética de los profesionales de la salud.

2. La Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que no existen motivos para ejercer la acción penal contra Sánchez Palafox, como solicitó el apoderado legal del IMSS, Iván del Castillo Leal, el 19 de marzo de 2017. Esa foto es insuficiente para determinar la acción penal, resolvió la PGR en el expediente FED/NL/ESC/0000534/2017.

3. La doctora Sánchez Palafox fue atacada, hostigada y humillada en redes sociales, la mejor tribuna para acabar reputaciones y poner en riesgo físico y psicológico a las víctimas del escarnio público. Fue obligada a abandonar la especialidad en anatomía patológica y espera que se resuelva a su favor un recurso jurídico que obligue a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud a restituir su plaza.

De las redes sociales se da por descontada la reacción irracional, visceral. De la parte institucional podíamos esperar otra cosa, pero tampoco ocurrió. En Mikel Arriola no existieron templanza, serenidad ni mesura. Arriola tenía ganas de participar en el linchamiento público y la periodista Azucena Uresti le brindó el espacio en una entrevista de marzo de 2017 para Milenio Televisión:

—¿Qué decir respecto a estas imágenes, esta actitud de las jóvenes residentes que con justa razón ha causado gran indignación e incluso reclamos al Seguro Social, Mikel? —le preguntó Uresti a Arriola.

—Pues sí, Azucena —respondió Arriola—. Nosotros también estamos indignados porque nuestro objetivo central es que el derechohabiente tenga un buen servicio, que tenga calidad y calidez en el servicio, y también preparar personas que tengan ética en la práctica profesional.

—Sí —continuó Uresti—. Hay que reconocer que se está haciendo un gran esfuerzo por mejorar los servicios del Seguro Social y a pesar de las carencias, el personal, los médicos, las enfermeras, los residentes hacen el mayor y el mejor de sus esfuerzos con las carencias, insisto, que se tienen en muchas de las clínicas. Mikel, ¿qué dijeron estas jóvenes?

—Simplemente se les notificó. A partir de la notificación, ellas tienen que dejar las plazas. Y si tienen alguna argumentación jurídica pues tendrían que hacer una impugnación en lo laboral. Pero ya no hubo a partir de la notificación ninguna expresión de estas personas. Incluso la cuenta de Twitter a la cual subieron las fotografías ya fue cerrada y como vemos en redes sociales hay gran indignación entre la población de manera muy justificada.

—Y con razón, efectivamente, Mikel —sentenció Uresti.

El tiempo —y un montón de recursos jurídicos promovidos por el abogado Ofelio Garza— dio la razón a Sánchez Palafox. El castigo social, en cambio, le quedará de por vida.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información.