Resulta muy difícil aceptar que un accidente donde pierdan la vida personajes relevantes de la política nacional sean sólo eso: accidentes. La tendencia natural de los ciudadanos es a desconfiar y a armar teorías acerca de quién pudo intervenir para que los políticos en cuestión perdieran la vida y así lograr objetivos inconfesables.

Contra lo que parece ser la “mejor teoría” de la conspiración, la verdad es que la peor de todas las noticias no es que exista un sabotaje planeado y ejecutado meridianamente. Lo peor de todo es que los accidentes sean exactamente eso y que la verdad sea falla en el sistema. Y esta es la peor noticia simple y llanamente, porque eso quiere decir que todos estamos expuestos.

En el caso del desplome e incendio posterior del helicóptero donde el 24 de diciembre del 2018 viajaban Martha Érika Alonso, a la sazón gobernadora de Puebla, y su esposo, el senador panista, Rafael Moreno Valle, las teorías de una intervención planeada se han multiplicado por doquier. Lo mismo ocurrió en su momento con el accidente donde perdió la vida Juan Camilo Mouriño en noviembre del 2008. Y en ambos casos estamos hablando de una falla sistémica que lo que quiere decir, en el fondo, es que hace falta que el Estado se tome en serio eso de que la aviación es un tema de seguridad y de altísima prioridad.

De esta forma, el dictamen final sobre el accidente de Puebla que, en resumen, sostiene que la causa probable es “la pérdida de control del aparato debido a un alabeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno” . En otras palabras: dos tornillos sueltos dieron al traste con la vida de dos políticos relevantes y una tripulación que se puede decir, era de lo mejor.

Según el titular de SCT, Javier Jiménez Espriú, hay indicios que la empresa operadora habría presionado —suponemos que a los pilotos— para continuar los vuelos, aunque no existieran las condiciones adecuadas, razón por la cual esta empresa será sometida a auditorías y se le suspendió el permiso.

Lo interesante del caso es que unos años antes hubo dos accidentes en helicópteros del mismo modelo (Agusta A109S), el primero en octubre del 2011, que se impactó en Coyoacán, donde viajaba Fernando Alberto García Cuevas, hoy legislador del PRI quien resultó herido, pero la tripulación falleció. El otro accidente fue en septiembre del 2014, un aparato del gobierno del Estado de México, desplomado en Lerma. En ambos casos se encontraron fallas de mantenimiento, deficiencias en el adiestramiento y en el otorgamiento de licencias y capacidades, así como en las condiciones de los helipuertos.

Hoy que la Dirección General de Aeronáutica Civil se ha convertido en la Agencia Federal de Aviación Civil, bajo el mando de Rodrigo Vázquez Colmenares, existe la directriz de reforzar tanto el área de Investigación de Accidentes (lo cual urge) como la de Operación Aérea, con un énfasis especial en la seguridad operacional.

Si alguna lección puede aportarnos estos tres accidentes, es que lo importante de la investigación será que los errores no vuelvan a repetirse. Buena chamba, sin duda.