Los recursos para la emergencia y su vigilancia

Lo primero que debe de quedar claro es que existen recursos públicos federales suficientes para la atención de la población afectada, la reconstrucción y la reactivación de la actividad económica en las zonas de emergencia. Pero, además, se requiere reforzar e involucrar a la ciudadanía en el diseño de las políticas, en varios tramos de su operación y sobre todo, en la vigilancia del gasto. Es verdad que los recursos pueden provenir del financiamiento a los partidos, pero existen otras oportunidades de gasto para reasignar. Un ejemplo son los gastos de comunicación social del gobierno que superan los 9,000 millones de pesos. Un programa de austeridad del gobierno, que incluya eliminar seguros a funcionarios, y el control de contrataciones de asesoría y arrendamientos puede generar decenas de miles de millones de pesos de ahorro. También es posible reducir el gasto de poderes y órganos autónomos, que no siguen las normas del resto de la administración pública y que mantienen recursos fideicomitidos, producto de subejercicios. Es también momento de eliminar las irregulares transferencias a Estados y municipios que se realizan por convenios discrecionales con el gobierno federal y de los que se derivan los famosos moches.

El enviar a fideicomisos, recursos no ejercidos, es en realidad una costumbre de todo el gobierno. En proyectos como el Emisor Oriente o el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el gobierno reporta “inversiones financieras”, es decir no gasta los recursos, sino que los almacena. Existen alrededor de 680,000 millones de pesos en fideicomisos que no ejercen recursos directamente, sino que solamente guardan el dinero. En ese escenario, es posible utilizar los recursos que el gobierno recibió en los últimos años como remanentes de operación del Banco de México, básicamente como resultados de vender reservas de dólares a un precio mayor a los que los compró. La legislación establece que 30% se debe destinar a fondos de estabilización, eso significa que se han fideicomitido alrededor de 100,000 millones de pesos, que, según el espíritu de la ley, deben de ser utilizados en caso de emergencia.

Los recursos que se van a canalizar a la emergencia deberían de concentrarse en un fondo maestro, con un comité en el que participen varias dependencias, pero que también tengan voz otros actores como universidades, organizaciones y grupos profesionales. Los recursos no pueden ser fiscalizados por los mecanismos tradicionales. Año con año la Auditoría Superior de la Federación encuentra irregularidades serias en la aplicación del Fonden, no solamente por parte de gobiernos estatales, sino también de instituciones como la Conagua o la Sedatu. Es por eso necesario que la ASF estrene sus nuevas facultades para que audite, en el momento mismo del ejercicio, los recursos para la reconstrucción y al apoyo a damnificados. Eso debe incluir recursos públicos, pero también instituciones que sean vehículo para donativos privados, como Nafin. Se requiere establecer con claridad que toda información de la reconstrucción será pública, incluyendo contratos, modificaciones y avance de ejecución, así como la incorporación de actores sociales en la vigilancia y evaluación de los objetivos.

La emergencia que vivimos puede ser una oportunidad para corregir al menos, parte de los excesos y malas prácticas en materia de gasto en el país, acotar la discrecionalidad con las que se toman decisiones y establecer nuevos mecanismos de monitoreo con las instituciones que ya tenemos y con la sociedad. Es una oportunidad para que el poco efectivo, Sistema Nacional Anticorrupción, diseñe y establezca una estrategia para prevenir el mal uso de los recursos y facilitar que se destinen a los mejores proyectos. Tenemos recursos para ejercer y alternativas para vigilar mejor, falta un gobierno que esté a la altura de las circunstancias.

Twitter: @vidallerenas