Tribunal prohíbe a Trump detener a migrantes más de 90 días sin una vista para fianza

Un tribunal de apelación ⁠estadounidense restringió el jueves la capacidad del gobierno de Donald Trump para someter a miles de inmigrantes a detención obligatoria mientras sus procedimientos ⁠de deportación están pendientes, al dictaminar que no pueden permanecer detenidos más de 90 días a menos que se les conceda una vista para solicitar la libertad bajo fianza. 

La sentencia, dictada por un tribunal compuesto por tres jueces (con un resultado de 2 a 1) del Tribunal de Apelación del ⁠5.º Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, ⁠podría afectar a miles de personas que han sido detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés) en estados dentro de la jurisdicción del tribunal, entre ellos Texas y Luisiana, como parte de la ofensiva antiinmigración de Trump. 

Otro tribunal de la misma corte había sido el primero del país en respaldar la novedosa interpretación del Gobierno de Trump de una ley federal de inmigración, según la cual se permite la detención obligatoria de los no ciudadanos que residen en Estados Unidos. 

Sin embargo, la sentencia de febrero no abordó si las garantías procesales de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos exigen que a esos mismos migrantes se les conceda la oportunidad de solicitar la puesta en libertad compareciendo ante un juez de inmigración para una audiencia de fianza.

El juez federal de circuito Leslie Southwick, en nombre de la mayoría en el dictamen del jueves, señaló que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dejó claro en 2001 que la cláusula del debido proceso protege a todas las personas, incluidos los dos ciudadanos mexicanos y el hondureño cuyos casos se tramitaban ante el Quinto Circuito. 

"Forma parte de la majestuosidad histórica de esta antigua carta fundacional el hecho de que no haga excepciones a la hora de otorgar derechos básicos a quienes se encuentran dentro de nuestras fronteras, incluido el derecho a ser oído cuando se priva a una persona de su libertad", escribió Southwick, nombrado por el presidente republicano George W. Bush.

El juez federal de circuito Cory Wilson, nombrado por Trump, expresó su desacuerdo, afirmando que "la mayoría margina la concesión expresa que hace la Constitución de plena autoridad al Congreso en materia de inmigración". 

Rebecca Cassler, abogada de los migrantes en el American Immigration Council, dijo en un comunicado que "están encantados de que el tribunal haya reconocido el principio constitucional fundamental de que la cláusula del debido proceso no permite al Gobierno mantenerlos recluidos ⁠indefinidamente". 

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EU, que supervisa al ICE, declaró ⁠en un comunicado que no está de acuerdo con la sentencia "y ⁠confía en su posición jurídica respecto a la detención obligatoria". 

El portavoz señaló que el Gobierno había solicitado la semana pasada al Tribunal Supremo que revisara una decisión ⁠similar de otro tribunal de apelación. 

Según la ley federal de inmigración, los "solicitantes de admisión" en Estados Unidos están sujetos a detención obligatoria mientras sus casos se tramitan en los tribunales de inmigración y no tienen derecho a audiencias de fianza. 

Rompiendo con una interpretación arraigada de la ley de inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional de EU adoptó el año pasado la postura de que los no ciudadanos que ya residen en Estados Unidos, y no solo las personas que llegan a la frontera, cumplen los requisitos para ser considerados "solicitantes de admisión" sujetos a detención obligatoria.

La Junta de Apelaciones de Inmigración, que forma parte del Departamento de Justicia, emitió en septiembre una resolución en la que adoptaba dicha interpretación. Como consecuencia, los jueces de inmigración, ⁠que son empleados del departamento, comenzaron a ordenar la detención obligatoria en todo el país. 

Los tribunales federales de apelación están divididos sobre si esa interpretación de la ley es correcta, lo que llevó al Gobierno de Trump a solicitar la semana pasada al Tribunal Supremo que resolviera la cuestión.