Londres. La Corte Suprema británica decidió que no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre la legalidad de la prohibición casi total del aborto en la provincia de Irlanda del Norte, aunque dejó claro que es incompatible con los derechos humanos.

La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NIHRC, por su sigla en inglés) pidió a la máxima instancia judicial del Reino Unido que decidiera si las restrictivas leyes del aborto norirlandesas contravenían el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero la mayoría de sus siete jueces estimó que tal comisión no tiene poder para “instituir procesos de esta naturaleza”.

Sin embargo, uno de los jueces precisó en el veredicto que, de haber estado en medida de pronunciarse, hubiera dictado “sin ninguna duda” que las leyes del aborto norirlandesas son contrarias al artículo 8 del Convenio Europeo, que afirma que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”.

El motivo por el que la Corte consideró que no tenía jurisdicción es que no había una víctima o un acto ilegal implicados en el recurso de la NIHRC.

A diferencia de Inglaterra, Escocia o Gales, donde el aborto es legal desde 1967, en Irlanda del Norte es ilegal excepto en caso de que peligre la vida de la madre o haya riesgo de daños graves para su salud mental o física.

Una mujer que aborte en Irlanda del Norte en cualquier otro supuesto puede ser condenada a cadena perpetua.

Las leyes actuales en esta provincia castigan a mujeres “excepcionalmente vulnerables”, denunció la NIHRC en las audiencias del caso. El caso era particularmente delicado para la primera ministra conservadora británica, Theresa May, cuya mayoría parlamentaria depende del DUP, pequeño partido ultraconservador norirlandés, contrario al aborto.

Sin embargo, la contundencia de la máxima instancia judicial afirmando que tales leyes son contrarias a los derechos humanos mantiene la presión para que May fuerce un cambio en la legislación.

La primera ministra estima que es un asunto de las instituciones norirlandesas, pero éstas están paralizadas desde principios del 2017 por la falta de acuerdo entre unionistas y republicanos para formar gobierno.

La Alta Corte de Belfast había estimado en diciembre del 2015 que la legislación actual viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero su decisión fue anulada en apelación. La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte recurrió luego este segundo veredicto ante la Corte Suprema británica, que da carpetazo al asunto.

El dictamen se produce dos semanas después de que la vecina República de Irlanda aprobara en referéndum liberalizar sus también restrictivas leyes sobre la interrupción del embarazo, en un país de fuerte tradición católica, tres años después de legalizar el matrimonio homosexual.