Bucarest. El gobierno de Rumania revocó el sábado un decreto de emergencia que despenalizaba algunos casos de corrupción luego de protestas multitudinarias internas y críticas del exterior. A pesar de la decisión, miles de manifestantes salieron a las calles de varias ciudades por sexto día consecutivo.

El gobierno del primer ministro Sorin Grindeanu aprobó el decreto inicial el miércoles sin participación del Parlamento.

Después de la anulación de la medida, Grindeanu solicitó al ministro de Justicia que preparara una iniciativa que será enviada al Parlamento para que la someta a debate y aprobación.

El Partido Social Demócrata (PDS), de centro izquierda, es mayoritario en el Parlamento con un socio legislativo menor.

La Corte Constitucional del país tiene programado todavía pronunciarse sobre la legalidad del decreto original.

La medida despenalizaba algunos casos de corrupción si los recursos implicados son inferiores a 200,000 lei (un millón de pesos).

Los detractores aseguran que la medida alentaría a las autoridades a actuar irregularmente sin rebasar esa cantidad.

Grindeanu explicó que el nuevo proyecto de ley debe atenerse al fallo de la Corte, a las disposiciones europeas y al código penal de Rumania.

Sexto día de protestas

Por sexto día consecutivo, los inconformes protestaron contra el decreto en la capital del país, Bucarest.

Las autoridades estimaron que 200,000 personas han salido cada día a las calles del país para manifestar su descontento e ira porque la medida debilitó la lucha del país contra funcionarios corruptos, entre ellos el dirigente del Partido Social Demócrata, en el poder, Klaus Iohannis.

Por primera vez en el país, centenares de personas se manifestaron en apoyo al gobierno afuera del palacio presidencial.

Cambio de postura

Con el cambio de postura, Grindeanu anunció que revocaría el decreto durante una reunión de emergencia porque no quería dividir a Rumania .... Rumania en este momento parece divida en dos , agregó .

Podríamos hablar de revocar el decreto si el primer ministro está de acuerdo , detalló el presidente del país, Klaus Iohannis, quien tendrá la última palabra sobre una iniciativa de la cual podría beneficiarse directamente.

El político está inhabilitado por la ley para que sea primer ministro porque en abril del 2016 fue sentenciado a dos años de prisión acusado de fraude electoral.

El gobierno de Rumania reconsideró su posición con el revocamiento del polémico decreto, que significa un retroceso en la lucha contra la corrupción en el país.

Las multitudes reunidas en Bucarest y otras ciudades mostraron la indignación de ciudadanos que creen que una Rumania moderna y proeuropea no debe condonar la corrupción en una élite adinerada que saldría beneficiada con una posible aprobación de la ley. Algunos manifestantes piden la salida del primer ministro.